SANTO DOMINGO, RD.– En una acción conjunta y sin precedentes, las principales instituciones reguladoras del Estado dominicano han redoblado los operativos de fiscalización contra los establecimientos comerciales de propietarios asiáticos. El Instituto Nacional de Protección de los Derechos del Consumidor (Pro Consumidor), en coordinación con la Dirección General de Impuestos Internos (DGII) y la Dirección General de Aduanas (DGA), ejecutó la clausura de seis grandes comercios chinos tras detectar graves violaciones legales, financieras y de seguridad.
Los operativos de inspección y posterior colocación de sellos de “Clausurado” se llevaron a cabo tras un exhaustivo proceso de inteligencia y denuncias ciudadanas. Además de los seis negocios cerrados de forma inmediata por Pro Consumidor, las autoridades confirmaron que mantienen bajo una rigurosa investigación técnica y legal a otros dos establecimientos del mismo origen que operan en las principales arterias comerciales del Gran Santo Domingo.
Una evasión fiscal de miles de millones de pesos
El aspecto más crítico de esta ofensiva estatal radica en el plano fiscal. De acuerdo con los informes preliminares emitidos por las mesas técnicas de la DGII y la Dirección General de Aduanas, los procesos de auditoría cruzada han determinado diferencias tributarias astronómicas que ascienden a miles de millones de pesos. Estas irregularidades abarcan prácticas recurrentes como la no emisión de facturas con valor fiscal, la alteración de los reportes de ventas reales a través de sistemas informáticos paralelos, la subvaluación de mercancías importadas y el uso masivo de efectivo para burlar el rastreo del sistema bancario nacional.
Por su parte, Pro Consumidor justificó los cierres inmediatos al constatar que estos comercios vulneraban sistemáticamente la Ley 358-05. Entre los hallazgos más comunes en los pasillos de las tiendas sancionadas se citan la ausencia de precios visibles en los artículos, productos sin el debido etiquetado en idioma español, mercancías defectuosas o vencidas y la falta de garantías claras para los compradores, lo que representa un claro atentado contra el bolsillo y la seguridad de los consumidores dominicanos.
Reglas claras para todo el comercio nacional
Representantes de los organismos reguladores enfatizaron de manera enérgica que estas acciones no constituyen una persecución focalizada hacia una nacionalidad en específico, sino un esfuerzo indispensable para garantizar la libre competencia y erradicar la competencia desleal que asfixia a los comerciantes locales que sí cumplen con sus obligaciones ordinarias. Las autoridades advirtieron que las inspecciones continuarán desplegándose con la misma rigurosidad a nivel nacional.
Los comercios afectados permanecerán cerrados al público de manera indefinida hasta tanto sus propietarios regularicen su estatus ante la administración fiscal dominicana, paguen las penalidades económicas correspondientes y readecuen la operatividad de sus locales a los estándares de consumo exigidos por el marco normativo del país.
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