SAN FRANCISCO DE MACORÍS, RD.– Los organismos de inteligencia del Estado dominicano, liderados por la Dirección Nacional de Inteligencia (DNI) y el Ministerio Público, desmantelaron una presunta trama terrorista que pretendía cometer un magnicidio y un atentado en la sede del Congreso Nacional. El principal investigado e imputado en este delicado caso ha sido identificado como Delvinson De la Cruz Sosa, un joven de 29 años de edad residente en la provincia Duarte.
El arresto de De la Cruz Sosa se ejecutó el pasado martes 3 de noviembre mediante un aparatoso allanamiento en su vivienda, ubicada en el sector Vista del Valle, en San Francisco de Macorís. De manera simultánea, los agentes de seguridad intervinieron una ferretería de la localidad donde el sospechoso laboraba habitualmente, procediendo a recolectar diversas evidencias computacionales y electrónicas.
La plataforma y el día del presunto ataque
De acuerdo con los informes oficiales y las solicitudes de medida de coerción tramitadas por el Ministerio Público, las alertas de seguridad se encendieron al rastrear actividades subversivas en plataformas digitales. Las autoridades señalan que el joven presuntamente administraba y coordinaba un canal privado en la red de mensajería Telegram, denominado «Trinitarios Élite».
A través de este espacio virtual, supuestamente se organizaba y estructuraba el plan logístico para materializar la acción delictiva. La inteligencia estatal determinó que la supuesta acción terrorista estaba programada de manera específica para este viernes 6 de noviembre, fecha en que se conmemora el Día de la Constitución y en la que se contemplaban actividades institucionales en el Congreso Nacional.
Sustancias químicas y aplazamiento judicial
Durante las pesquisas en las propiedades ligadas al imputado, las autoridades de la Procuraduría Fiscal y los cuerpos élites no solo confiscaron computadoras y teléfonos celulares inteligentes, sino también una cantidad no especificada de sustancias químicas. Estos componentes se encuentran actualmente bajo una rigurosa evaluación analítica en laboratorios forenses para determinar su potencial letalidad o idoneidad en la fabricación de artefactos explosivos.
El Ministerio Público ha calificado provisionalmente el expediente bajo graves cargos que abarcan delitos de terrorismo y alta amenaza contra la seguridad presidencial y del Estado. Debido a la gravedad de las imputaciones, el órgano persecutor ha solicitado de manera formal la imposición de prisión preventiva como medida de coerción.
Aunque la audiencia para conocer dicha medida estaba pautada inicialmente para este jueves, la Oficina de Atención Permanente de la provincia Duarte decidió aplazar la comparecencia para el próximo martes, acogiendo una solicitud para que la defensa técnica del imputado pueda estudiar a fondo las pruebas presentadas por el Estado y preparar sus alegatos. Las investigaciones continúan abiertas para determinar si existen otros implicados dentro o fuera de la plataforma digital señalada.
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