El juez Deiby Timoteo Peguero mantuvo la prisión preventiva para cinco procesados y varió la medida de Rafael Luis Martínez Hazim, quien deberá cumplir arresto domiciliario, pagar una garantía de RD$15 millones y utilizar un dispositivo electrónico. Imagen de cortesía.
SANTO DOMINGO. — El juez del Séptimo Juzgado de la Instrucción del Distrito Nacional, Deiby Timoteo Peguero, dispuso que Santiago Hazim y otros cuatro imputados en el caso del presunto desfalco al Seguro Nacional de Salud (SeNaSa) continúen bajo prisión preventiva, mientras que a Rafael Luis Martínez Hazim le varió la medida de coerción por arresto domiciliario.
La decisión fue adoptada durante la revisión obligatoria de las medidas de coerción. El magistrado consideró que no habían cambiado las circunstancias que justificaron la prisión preventiva de cinco de los procesados, pero entendió que correspondía evaluar de manera individual y proporcional la situación de Martínez Hazim, a partir de los nuevos presupuestos presentados por su defensa.
En consecuencia, Santiago Hazim, Gustavo Enrique Messina Cruz, Germán Rafael Robles Quiñones, Francisco Iván Minaya Pérez y Ramón Alan Spiekler Mateo permanecerán recluidos en el Centro de Corrección y Rehabilitación Las Parras.
El tribunal consideró que en sus respectivos casos persisten los riesgos procesales, tomando en cuenta la gravedad de los hechos atribuidos, el perjuicio económico bajo investigación y la necesidad de garantizar su presencia durante el desarrollo del proceso.
Martínez Hazim cumplirá arresto domiciliario
En el caso de Rafael Luis Martínez Hazim, el juez acogió los nuevos presupuestos presentados por su representación legal y dispuso sustituir la prisión preventiva por un conjunto de medidas menos restrictivas.
La decisión establece arresto domiciliario, una garantía económica de RD$15 millones mediante contrato de fianza, impedimento de salida del país sin autorización judicial y colocación de un localizador electrónico.
Entre los argumentos expuestos por su defensa figuró que el imputado no tiene participación accionaria en las empresas investigadas y que, a su entender, no existen riesgos procesales que justifiquen mantenerlo en prisión preventiva.
El magistrado ponderó esos planteamientos y las circunstancias particulares del procesado al aplicar un criterio de proporcionalidad en la medida de coerción.
La lectura íntegra de la decisión fue fijada para el 26 de noviembre de 2026. A partir de esa fecha comenzarán a correr los plazos legales para que las partes puedan ejercer los recursos correspondientes.
Ministerio Público solicitó mantener la prisión preventiva
Durante la audiencia, el director de Persecución del Ministerio Público, Wilson Camacho, solicitó rechazar los pedimentos de las defensas y mantener la prisión preventiva para los imputados.
El representante del órgano acusador sostuvo que los documentos presentados no constituían nuevos presupuestos, debido a que ya habían sido sometidos anteriormente al conocimiento del tribunal.
Por su parte, Miguel Valerio, abogado de Santiago Hazim, informó que no contaba con nuevos presupuestos y que no se oponía a que se mantuviera la prisión preventiva de su representado. En términos similares se pronunciaron los abogados de Gustavo Enrique Messina Cruz y Germán Rafael Robles Quiñones.
En cambio, los representantes legales de Francisco Iván Minaya Pérez, Rafael Luis Martínez Hazim y Ramón Alan Spiekler Mateo presentaron nuevos elementos ante el magistrado.
Defensa de Santiago Hazim espera acusación formal
Al concluir la audiencia, Miguel Valerio manifestó su conformidad con la decisión que mantiene a su cliente en prisión preventiva y explicó que la defensa espera que el Ministerio Público presente la acusación formal para fijar su posición sobre los hechos investigados.
El abogado sostuvo que, conforme al calendario del proceso, la investigación estaría próxima a concluir y consideró que la presentación de la acusación será el momento procesal oportuno para responder a las imputaciones.
Valerio también indicó que, pese a las condiciones de salud de Hazim, su equipo legal no ha solicitado la variación de la medida de coerción.
Asimismo, mencionó al actual director ejecutivo de SeNaSa, Edward Guzmán, como un testigo que, a juicio de la defensa, podría aportar información sobre la situación financiera de la institución y el déficit al que se ha hecho referencia públicamente.
“Edward Guzmán será un testigo muy importante a los fines de que pueda demostrar el déficit que dijo que hay en esa ARS y qué pasó”, expresó el abogado, quien también sostuvo que Hazim habría combatido las prácticas irregulares durante su gestión.
El proceso judicial continúa bajo investigación y las responsabilidades penales de los imputados deberán ser determinadas por los tribunales.
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