La modernización del sistema tributario es necesaria, pero imponer nuevas obligaciones sin garantizar información, acompañamiento y condiciones económicas puede colocar en riesgo a miles de pequeños negocios que representan el sustento de numerosas familias dominicanas.
Por José Abreu
Este domingo 15 de noviembre vence el plazo concedido por la Dirección General de Impuestos Internos (DGII) para que los pequeños, micro y contribuyentes no clasificados se incorporen al sistema de facturación electrónica. Y, frente a esa realidad, considero que el país necesita algo más que una fecha límite: necesita una política pública que tome en cuenta las condiciones reales de quienes tendrán que cumplirla.
La advertencia de Apolinar Leyva Badía, presidente de la Asociación de Comerciantes Detallistas y Empresarios Emprendedores, debe llamar la atención de las autoridades. Según el dirigente, más del 90 % de los colmados, bodegas y pequeños detallistas que pertenecen a su organización no están preparados para asumir esta transformación tecnológica.
No estamos hablando de grandes cadenas comerciales, supermercados o empresas con departamentos administrativos y tecnológicos. Estamos hablando del colmado de la esquina, de la pequeña bodega familiar, del establecimiento que muchas veces sobrevive con márgenes reducidos y cuyos propietarios trabajan largas jornadas para mantener a sus familias.
Esos negocios cumplen una función económica y social que no puede ignorarse. En barrios, comunidades y sectores populares, el colmado representa mucho más que un punto de venta: es una fuente de empleo, un mecanismo de abastecimiento cotidiano y, en numerosos casos, el principal sustento de hogares dominicanos.
Por eso, me parece necesario que el Gobierno revise la forma en que se está llevando a cabo esta implementación.
Modernizar no significa imponer sin preparar.
Estoy de acuerdo con que la República Dominicana avance hacia un sistema tributario más moderno, transparente y eficiente. La facturación electrónica puede contribuir a simplificar procesos, mejorar los controles y fortalecer el cumplimiento de las obligaciones fiscales. Nadie puede oponerse razonablemente a que el Estado procure mejores mecanismos de administración tributaria.
Pero una cosa es reconocer la importancia de esa transformación y otra muy distinta es desconocer las limitaciones de los sectores que deben incorporarse.
¿Se ha garantizado que los pequeños comerciantes reciban la orientación necesaria? ¿Cuentan con asistencia técnica accesible? ¿Tienen capacidad económica para adquirir, instalar y mantener los sistemas requeridos? ¿Se ha evaluado el impacto que estos gastos pueden representar para negocios que apenas logran cubrir sus compromisos?
Estas son preguntas que merecen respuestas concretas.
No podemos pretender que un pequeño colmado tenga las mismas condiciones operativas que una empresa de mayor tamaño. La política tributaria debe reconocer esas diferencias y establecer mecanismos proporcionales a la realidad económica de cada contribuyente.
También considero importante que la DGII escuche el reclamo de los comerciantes y evalúe alternativas que permitan una incorporación gradual, con asistencia técnica, facilidades económicas y un régimen diferenciado para los establecimientos de menor capacidad.
La propia institución ha aclarado que las sanciones no comenzarán a aplicarse automáticamente este lunes 16 de noviembre y que su prioridad será orientar y acompañar a quienes todavía no hayan completado el proceso. Esa disposición debe traducirse en una política efectiva de apoyo, no quedarse en una declaración institucional.
No se trata de promover la evasión fiscal ni de pedir privilegios injustificados. Se trata de evitar que una medida concebida para modernizar la administración tributaria termine generando dificultades adicionales a miles de pequeños emprendedores.
Si los comerciantes no cuentan con los recursos ni con la preparación necesaria, el camino no puede ser amenazarlos con sanciones. El camino debe ser ayudarlos a cumplir.
El Gobierno debe decidir si quiere facilitar la formalización de los pequeños negocios o colocarles obstáculos que puedan acelerar su desaparición.
En momentos en que numerosos establecimientos enfrentan dificultades económicas, aumentar sus costos operativos sin una transición adecuada podría tener consecuencias sobre el empleo, el abastecimiento de los barrios y la economía familiar.
Por eso, respaldo que las autoridades abran un espacio de diálogo con las organizaciones del comercio detallista y estudien la posibilidad de establecer una exclusión temporal o un calendario especial para los colmados y bodegas que demuestren no estar en condiciones de incorporarse inmediatamente.
La transformación digital del país debe incluir a todos, pero no puede construirse dejando atrás a los más pequeños.
La DGII tiene ante sí una oportunidad para demostrar que la modernización tributaria también puede ser sensible a la realidad social y económica de la República Dominicana.
Porque el progreso no consiste solamente en cambiar los sistemas de facturación; consiste en lograr que el pequeño comerciante pueda avanzar sin poner en peligro el negocio del que depende su familia.
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