Eddy Olivares advierte que las inspecciones continuarán en todo el país y defiende la seguridad y la salud de los trabajadores como derechos que deben garantizar todas las empresas, sin importar su origen.
SANTO DOMINGO.– El Ministerio de Trabajo ha sancionado cientos de establecimientos comerciales en República Dominicana por incumplir las disposiciones laborales, informó el titular de esa institución, Eddy Olivares, quien advirtió que las autoridades mantendrán los operativos de inspección en todo el territorio nacional.
El funcionario sostuvo que todas las empresas que operan en el país, independientemente de la nacionalidad de sus propietarios o del origen de sus capitales, están obligadas a respetar las leyes y garantizar condiciones adecuadas de seguridad y salud para sus trabajadores.
«Los empresarios chinos tienen que cumplir, tienen que entender que aquí hay normas que hay que cumplir y ellos son incumplidores», expresó Olivares al referirse a las inspecciones realizadas en establecimientos comerciales y compañías de capital extranjero.
El ministro enfatizó que la protección de la integridad de los empleados constituye una obligación que no admite excepciones.
«Algo que es innegociable para nosotros, tratándose de empresas de capital nacional o de cualquier otra nación, es la garantía de la seguridad y la salud en el trabajo, que es un derecho fundamental, es un derecho constitucional de los trabajadores, trabajar en un entorno seguro», manifestó.
Olivares agregó que las intervenciones del Ministerio de Trabajo continúan en diferentes localidades y que los establecimientos que no regularicen su situación deberán enfrentar las consecuencias previstas en las disposiciones legales.
EL CASO DE FÁBRICA CARTESA
Las declaraciones fueron ofrecidas durante una entrevista en el programa Matutino El Despertador, de SIN, al ser cuestionado sobre la clausura de Fábrica Cartesa, una empresa de cartón de capital chino ubicada en San Antonio de Guerra, provincia Santo Domingo.
La intervención se produjo el pasado 29 de octubre, mediante un operativo del Ministerio de Industria, Comercio y Mipymes (MICM), a través del Cuerpo Especializado de Control de Combustibles y Comercio de Mercancías (CECCOM).
Durante la actuación, las autoridades ocuparon un tanque con capacidad para 5,000 litros y retuvieron 1,000 galones de gasoil, tras detectar un depósito irregular de combustible.
Cartesa rechazó las acusaciones de irregularidades y afirmó que opera legalmente en República Dominicana, con sus registros comerciales vigentes y sus obligaciones tributarias al día. La compañía también sostuvo que el combustible estaba destinado al funcionamiento de su planta eléctrica y de sus equipos industriales, y no a la comercialización.
CONTROVERSIA DIPLOMÁTICA
El caso también provocó pronunciamientos de las representaciones diplomáticas de Estados Unidos y China.
Mientras Estados Unidos respaldó las actuaciones de las autoridades dominicanas, la Embajada de China cuestionó las declaraciones estadounidenses y advirtió sobre los riesgos de generalizar acusaciones contra empresas por su nacionalidad.
La controversia mantiene la atención sobre las actuaciones de los organismos reguladores, el cumplimiento de las normas por parte de las empresas extranjeras y las garantías que deben proteger a los trabajadores en el país.
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