SANTO DOMINGO, RD. – Una iniciativa legislativa depositada en la Cámara de Diputados plantea crear un régimen especial para aquellas personas que han desarrollado toda su vida civil con una cédula de identidad y electoral dominicana, pero que actualmente enfrentan bloqueos o impedimentos para renovarla debido a irregularidades en sus actas de nacimiento o registros personales.
El proyecto de ley, identificado con el número 06435-2024-2028-CD, fue presentado el pasado 1 de octubre de 2026 por la diputada Maribel Almánzar de Ogando, representante del Partido Revolucionario Moderno (PRM) por el Distrito Nacional. La pieza propone que la Junta Central Electoral (JCE) examine de manera individual cada expediente para reconstruir la identidad jurídica de los afectados, regularizar su estatus documental y determinar si les corresponde o no la nacionalidad dominicana.
Este planteamiento coincide en el tiempo con un protocolo administrativo especial aprobado por el Pleno de la JCE el 26 de octubre de 2026 —tres semanas después del depósito de la pieza legislativa—, lo que abre el debate sobre cómo ambas medidas podrían complementarse en el marco del actual proceso de renovación de la cédula.
Alcance del régimen y situaciones contempladas
La propuesta de la congresista abarca casos complejos relacionados con suplantación de identidad, falsedad de datos, duplicidad de registros e inconsistencias graves en actas del estado civil que impiden la emisión del nuevo documento. Un punto relevante de la pieza es que la participación del ciudadano en la irregularidad documental no lo excluiría automáticamente del proceso de evaluación; sin embargo, acogerse a este régimen no legalizaría una conducta ilícita ni eximiría al implicado de las responsabilidades penales o civiles que correspondan.
Una cédula especial con la leyenda «NO VOTA» que no otorga nacionalidad
El texto legislativo establece que, si tras agotar todas las investigaciones no resulta posible acreditar que el solicitante posee la nacionalidad dominicana, la JCE podrá inscribirlo en un registro especial de identidad y nacimiento y expedirle una cédula especial.
Las características y limitaciones de este documento serían las siguientes:
Vigencia y leyenda visible: Tendría una vigencia limitada, sería renovable y llevaría de forma destacada la inscripción «NO VOTA», además de consignar «Nacionalidad no determinada».
Continuidad de la vida civil: Permitiría acreditar la identidad del titular para mantener relaciones laborales, bancarias, familiares, económicas y afiliaciones a servicios que no exijan la nacionalidad dominicana.
Prohibición expresa de derechos ciudadanos: El artículo 6 subraya que esta cédula no otorga ni acredita la nacionalidad dominicana, tampoco permite solicitar o renovar un pasaporte dominicano, ni habilita para ejercer derechos reservados exclusivamente a los nacionales.
De igual forma, se contemplaría una certificación especial de nacimiento en la que se presumirán ciertos la fecha y el lugar de nacimiento que figuraban en la cédula anterior, salvo prueba en contrario (o consignando «Lugar de nacimiento no determinado» si no puede probarse). Esto no impediría que los titulares opten luego por la naturalización u otra vía legal si cumplen con los requisitos de ley.
Procedimiento gratuito y plazos en la JCE
Según la iniciativa, la Junta Central Electoral aplicaría este régimen tanto a solicitud del interesado como de oficio. Los ciudadanos podrían iniciar el trámite mediante formularios gratuitos y sencillos, de forma presencial o electrónica, sin obligación de contratar representación legal, y la falta de documentos físicos no sería motivo suficiente para rechazar de entrada una petición.
El órgano electoral dispondría de un plazo de 30 días laborables para emitir una resolución motivada, prorrogable hasta 45 días en casos excepcionales. Mientras dure la evaluación, el inicio del trámite no implicaría la cancelación inmediata de la cédula anterior ni la pérdida de derechos adquiridos. En caso de rechazo, el solicitante tendría 30 días laborables para pedir una reconsideración ante el Pleno de la JCE y, de ser necesario, acudir ante el Tribunal Superior Electoral (TSE).
(Con informaciones del proyecto de ley 06435-2024-2028-CD / Cámara de Diputados)
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