SANTO DOMINGO, RD.– El vicepresidente de El Salvador, Félix Ulloa, defendió de manera categórica la legitimidad y el propósito de las tropas de su nación desplegadas en territorio haitiano, desmintiendo de forma rotunda cualquier narrativa que intente catalogar la misión como una intervención forzada o una campaña de sometimiento internacional.
«No es una fuerza de ocupación, no es una decisión unilateral de El Salvador de intervenir en Haití, es un arreglo bilateral con las autoridades haitianas que legitima la presencia militar nuestra en esta nación caribeña», enfatizó Ulloa durante su intervención pública, buscando disipar las dudas y críticas que han surgido en diversos sectores regionales sobre la naturaleza de este movimiento estratégico en el Caribe.
La aclaración del vicemandatario salvadoreño se produce en un momento de alta sensibilidad geopolítica para la región caribeña, donde la crisis de seguridad e institucionalidad en Haití mantiene en alerta constante a las naciones vecinas, de manera muy especial a la República Dominicana. El Salvador, bajo la administración del presidente Nayib Bukele, ha estructurado un modelo de seguridad interna que ahora busca replicar o apoyar en el ámbito de la cooperación técnica e internacional, enviando contingentes especializados destinados a la estabilización del territorio haitiano.
Ulloa insistió en que el marco legal que sostiene el despliegue de las fuerzas salvadoreñas se fundamenta estrictamente en el respeto mutuo a la soberanía estatal. Según lo expuesto por el funcionario, cada acción, patrullaje y protocolo de asistencia militar ejecutado por los uniformados de su país ha sido previamente coordinado y autorizado por los canales oficiales del gobierno haitiano en funciones. Con esto, el gobierno de El Salvador busca desmarcarse de los históricos y cuestionados procesos de intervención unilateral que ha sufrido la isla en décadas pasadas por parte de otras potencias internacionales.
Para las autoridades salvadoreñas, este esfuerzo conjunto no representa una injerencia en la política doméstica de Haití, sino una respuesta solidaria y regulada orientada a mitigar el impacto de las bandas criminales armadas que controlan vastas zonas operativas del vecino país. La misión, ratificada a través del acuerdo formalizado entre San Salvador y Puerto Príncipe, se enfoca principalmente en la asistencia humanitaria, el resguardo de infraestructuras clave y el adiestramiento logístico, marcando una línea divisoria transparente frente a lo que constituiría un ejército invasor.
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