SANTO DOMINGO.— El Gobierno dominicano presentó un panorama de la crisis de seguridad en Haití en el que las pandillas armadas mantienen bajo su control entre el 80 % y el 90 % de Puerto Príncipe, dominan las principales vías terrestres de acceso a la capital e imponen cobros ilegales a los transportistas de mercancías.
La información fue ofrecida por el ministro de Defensa, teniente general Carlos Antonio Fernández Onofre, durante su participación en el espacio La Agenda Semanal, encabezado por el presidente Luis Abinader en el Palacio Nacional.
Según la exposición del funcionario, las estructuras criminales han extendido su presencia hacia localidades periféricas y otros puntos estratégicos del territorio haitiano, entre ellos Kenscoff, Ganthier, Mirebalais y zonas del Artibonito.
El informe también puso de relieve el impacto económico de los cobros impuestos por los grupos armados en las carreteras, así como la preocupación de las autoridades dominicanas por la evolución de la violencia en el país vecino.
Bandas convierten las carreteras en fuentes de ingresos
Fernández Onofre explicó que las pandillas utilizan el cobro de peajes ilegales, los secuestros y las extorsiones como mecanismos para financiar sus operaciones y mantener el control sobre corredores esenciales para el transporte de personas y mercancías.
Entre las cifras presentadas, destacó que los vehículos que transportan contenedores pueden verse obligados a pagar sumas elevadas para circular por las rutas dominadas por las organizaciones criminales.
De acuerdo con los reportes publicados sobre la exposición del ministro, los cobros pueden alcanzar los US$1,150 por contenedor de 40 pies y US$576 por uno de 20 pies. Las autoridades también identificaron varios puntos de cobro en la carretera que conecta Jimaní con Puerto Príncipe.
Este sistema de extorsión representa una carga adicional para los transportistas y las empresas que dependen de esas vías para movilizar productos. También evidencia la capacidad de las pandillas para intervenir en actividades económicas esenciales, aprovechando el control territorial que ejercen sobre determinados tramos.
La ruta entre Jimaní y Puerto Príncipe, bajo vigilancia
Durante la presentación, el ministro se refirió a la carretera nacional número 8, que comunica a Puerto Príncipe con Jimaní a través de Malpasse, Fonds-Parisien y Ganthier.
Según las distancias expuestas, Malpasse se encuentra a unos 13 kilómetros de Fonds-Parisien; Ganthier, a aproximadamente 26 kilómetros de ese punto de referencia fronterizo; Croix-des-Bouquets, a 44.6 kilómetros, y Puerto Príncipe, a unos 64.5 kilómetros.
El funcionario sostuvo que la facción criminal más cercana a la frontera dominicana se encuentra después de Ganthier, a unos 26 kilómetros, y aseguró que las principales bandas no han avanzado hacia las zonas fronterizas de República Dominicana.
La exposición también incluyó la carretera 305, que conecta localidades haitianas como Belladère, La Caoba y Mirebalais con el entorno fronterizo de Elías Piña.
Gobierno afirma que las bandas no han avanzado hacia la frontera
Fernández Onofre aseguró que, conforme a las informaciones presentadas por las autoridades, los principales núcleos de las pandillas permanecen concentrados en Puerto Príncipe y sus alrededores, sin avances hacia los puntos fronterizos dominicanos.
La afirmación se produce en medio de la preocupación por el deterioro de la seguridad en Haití y sus posibles repercusiones sobre República Dominicana, que comparte con ese país una frontera terrestre de aproximadamente 391 kilómetros.
El seguimiento de los movimientos de los grupos armados y de las condiciones en las carreteras haitianas forma parte de las preocupaciones de seguridad expuestas por las autoridades dominicanas.
El panorama descrito por el ministro muestra una crisis que no se limita a los enfrentamientos entre pandillas: también afecta la movilidad, el comercio y la capacidad de las comunidades para desarrollar sus actividades cotidianas.
Una crisis con repercusiones económicas y de seguridad
El control de una parte considerable de Puerto Príncipe y de sus principales accesos terrestres dificulta el transporte de mercancías y aumenta los costos de circulación por las zonas afectadas.
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Los cobros ilegales descritos por Fernández Onofre muestran cómo las organizaciones criminales pueden convertir el dominio de las carreteras en una fuente de financiamiento, al tiempo que condicionan el movimiento de vehículos y productos.
Para República Dominicana, la evolución de la crisis haitiana mantiene la atención sobre la seguridad fronteriza y la necesidad de dar seguimiento a los movimientos de las bandas armadas en las localidades próximas al territorio nacional.
La información presentada por el Ministerio de Defensa ofrece una visión oficial de la distribución territorial de estos grupos y de las dificultades que enfrenta Haití para recuperar el control de sus principales corredores de transporte.
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