Santo Domingo.-El Congreso Nacional de la República Dominicana introdujo una modificación de alto impacto estructural en el texto definitivo del nuevo Código Penal, aplazando de forma oficial la entrada en vigencia de las sanciones drásticas dirigidas al sector corporativo y empresarial del país. La nueva disposición legal establece de manera explícita que los artículos 8, 9, 10 y 11 de la normativa penal, los cuales regulan la responsabilidad penal de las personas jurídicas, no se aplicarán de inmediato con la promulgación general de la ley, sino que contarán con una vacatio legis extendida.
El texto aprobado en las cámaras legislativas dispone textualmente que este articulado específico entrará en vigor 24 meses después del 5 de noviembre de 2026, lo que traslada de manera definitiva el inicio del régimen sancionador económico y penal corporativo al 5 de noviembre de 2028. Los legisladores justificaron esta sorpresiva prórroga en la necesidad urgente de otorgar una ventana de tiempo razonable para que el tejido empresarial dominicano, desde las grandes corporaciones hasta las medianas empresas, logre diseñar, implementar e internalizar programas robustos de cumplimiento regulatorio y prevención de delitos internos (compliance).
Los artículos objeto de este aplazamiento estratégico tipifican las penas aplicables a las corporaciones cuando se demuestre que sus directivos, empleados o representantes legales incurrieron en delitos graves como lavado de activos, corrupción administrativa, fraudes financieros o daños al medio ambiente en nombre o beneficio de la entidad. Las sanciones contempladas van desde multas multimillonarias proporcionales a los activos de la empresa, hasta la intervención judicial, la prohibición temporal de operar en los mercados nacionales y, en los escenarios más extremos, la disolución definitiva de la personería jurídica.
Expertos en derecho corporativo y las principales asociaciones empresariales del país han valorado el cambio de fecha como una medida prudente y necesaria. Señalan que la implementación inmediata de estas penas sin un periodo de adaptación adecuado hubiese provocado una parálisis y un clima de inseguridad jurídica en la inversión privada local y extranjera. A partir de ahora, las empresas dominicanas inician una carrera contra el reloj de dos años para blindar sus operaciones bajo los nuevos estándares de cumplimiento antes de la llegada del fatídico año 2028.
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