SANTO DOMINGO, RD.– El panorama de las finanzas digitales está experimentando una metamorfosis silenciosa pero constante en el Caribe. A la fecha de hoy, 29 de septiembre de 2026, los datos de la herramienta interactiva BTC Map (soportada por el sistema global cartográfico OpenStreetMap) estiman que la República Dominicana cuenta con 123 comercios que aceptan bitcoin como método de pago. A esta infraestructura comercial se suman aproximadamente 20 cajeros automáticos de criptomonedas, distribuidos principalmente en la capital del país, Santo Domingo, y en enclaves turísticos estratégicos.
A pesar de que las cifras oficiales reflejan un ecosistema todavía calificado como un “limitado mercado” en comparación con los esquemas de dinero tradicionales, los expertos señalan que el interés en los criptoactivos está en claro ascenso. El público dominicano utiliza de manera recurrente estos activos virtuales para actividades de alto impacto económico como el envío y recepción de remesas, el pago directo a proveedores internacionales, transacciones de comercio electrónico y la diversificación de inversiones individuales para preservar el valor de sus patrimonios.
Un aspecto crucial que destacan los analistas del sector es que las estadísticas visibles en plataformas tecnológicas representan solo una fracción de la realidad. El reporte puntualiza que no se contabilizan los usuarios informales que operan de forma independiente como casas de cambio virtuales (Peer-to-Peer o P2P) para la compra y venta diaria de criptomonedas. Esta economía subterránea y descentralizada eleva de manera considerable el volumen real transaccionado en el territorio nacional.
Por el lado de la infraestructura física, redes locales establecidas como el operador BitcoinRD mantienen terminales electrónicas funcionales en sectores exclusivos de Santo Domingo como Piantini, Bella Vista y Gazcue, extendiéndose hacia polos turísticos clave como Punta Cana, Bávaro, Las Terrenas y La Romana. En estos puntos, los usuarios realizan conversiones instantáneas de divisas tradicionales a tokens digitales y viceversa.
Esta aceleración ha permitido a iniciativas locales (como el movimiento social Satoshi Somos Todos) posicionar temporalmente a comunidades del país en rankings de adopción en tiempo récord. El dinamismo del mercado avanza sin una regulación local uniforme o estatus de moneda de curso legal, configurando un escenario donde el comercio minorista y la agilidad financiera de los ciudadanos van pasos por delante de las directrices bancarias convencionales.
“Los activos virtuales mencionados (refiriéndose al Bitcoin, Litecoin y Ethereum) ni ningún otro, no son una moneda de curso legal y, por consiguiente, no gozan del respaldo del Estado; su efectividad o su uso como medio de pago en nuestra economía no puede ser garantizada, ni ninguna persona está en la obligación de aceptarlos como forma de pago de bienes o servicios prestados. Con esta aclaración queremos evitar confusiones entre los usuarios del sistema financiero y la ciudadanía en general sobre cualquier operación que se pretenda realizar utilizando este esquema”, sostienen en su página web.
La advertencia se aplica a las instituciones de intermediación financiera, agentes de remesas y cambio, entidades del mercado de valores, organizaciones del sector asegurador, a los sectores económicos y al público en general. Se señala que si alguien decide aceptar estos métodos de pago para transacciones comerciales, lo hará bajo su propio riesgo. Esto implica que dicha acción no estaría permitida por las regulaciones bancarias actuales ni por los métodos de pago aprobados por la Junta Monetaria, que es el organismo responsable de establecer las políticas monetarias, cambiarias y financieras en el país.
Debido a esta postura, los demás sistemas financieros convencionales solo reconocen los activos que establece la ley dominicana. Esto explica por qué un 74% de los consumidores en el estudio de Mastercard mostraron interés en cambiarse o mantenerse en una entidad bancaria que les permita invertir en criptomonedas, y un 54% desea que las entidades bancarias tradicionales ofrezcan talleres educativos sobre criptomonedas para consolidarlas como una forma de pago confiable.
Usos
Por otro lado, los datos sugieren que la falta de protección legal no es un impedimento para la atracción del negocio, ya que se utilizan con mayor frecuencia en el país para el envío de dinero, pagos a proveedores, compras en línea e inversiones, siendo esta última una de las más habituales.
Sin embargo, para Giuliano Simó Marra, director general de BitcoinRD, una red de cajeros de criptomonedas con más de 12 años en el país y la primera plataforma de intercambio, el sector de los criptoactivos está bastante restringido debido a la ausencia de regulación, lo que impide su integración en el ámbito laboral.
“Sin una regulación que te permita operar sin restricciones, no podrás seguir avanzando. Tienes un límite y eso tiene un gran impacto”, explicó mientras comentaba que actividades bancarias simples, como abrir una cuenta bancaria, tienden a volverse complicadas.
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