Redacción Noticiasenlineard
La Procuraduría Especializada de Persecución de la Corrupción Administrativa (Pepca) encendió las alarmas jurídicas al anunciar que apelará formalmente la decisión de la jueza Patricia Alejandra Padilla Rosario. Dicho fallo obliga al Ministerio Público a desembolsar más de 7.5 millones de pesos a favor del imputado Juan Francisco Álvarez Carbuccia, pieza clave en el entramado de corrupción del Instituto Nacional de Tránsito y Transporte Terrestre (Intrant).
Los fiscales Jonathan Pérez y Miguel Collado calificaron la medida como “plagada de vicios procesales graves”. Denunciaron que la magistrada emitió el dictamen a pesar de estar completamente desapoderada del expediente desde octubre de 2025. El caso actualmente pertenece al Tercer Tribunal Colegiado del Distrito Nacional.
Grave error judicial
De acuerdo con el órgano acusador, la juzgadora desnaturalizó la figura legal del astreinte para fijar una suma millonaria exorbitante por concepto de unos bienes que el procesado ya recibió. Lo insólito es que el imputado ahora exige la devolución de un celular Samsung S3, cuyo valor comercial apenas ronda los 3,000 pesos.
Álvarez Carbuccia está acusado de emitir certificaciones falsas de disponibilidad presupuestaria para beneficiar la red fraudulenta que operaba bajo la gestión de Hugo Beras y Jochi Gómez. El juicio de fondo contra todo el grupo está pautado para iniciar el próximo 11 de agosto.
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