El autodenominado detective admitió su responsabilidad penal, deberá pagar una indemnización de RD$2 millones y se comprometió a no volver a emitir expresiones negativas contra la funcionaria
SANTO DOMINGO.– La jueza Clara Luz Almonte, de la Segunda Sala Penal del Distrito Nacional, condenó este miércoles al autodenominado detective Ángel Martínez a un año de prisión suspendida por difamación e injuria contra la ministra de Interior y Policía, Faride Raful.
Además de la condena penal, Martínez deberá pagar una indemnización de RD$2 millones a favor de Raful por los daños provocados con sus declaraciones.
La decisión fue dictada mediante un procedimiento penal abreviado, durante el cual Martínez admitió los hechos y aceptó su responsabilidad penal por las expresiones difundidas contra la funcionaria.
Al tratarse de una pena suspendida, Martínez no ingresará inmediatamente a prisión, pero deberá cumplir las condiciones impuestas por el tribunal durante el período establecido. Su incumplimiento podría provocar la revocación de la suspensión y la ejecución de la condena.
Se compromete a no volver a referirse negativamente a Raful
Como parte de las condiciones asumidas ante el tribunal, Martínez se comprometió a no volver a realizar declaraciones difamatorias, injuriosas o negativas contra Faride Raful.
La sentencia pone fin a este proceso en primera instancia y establece judicialmente la responsabilidad penal de Martínez, quien era perseguido por las acusaciones públicas formuladas contra la actual ministra de Interior y Policía.
A su salida del tribunal, Miguel Valerio, abogado de Raful, destacó que el aspecto más importante de la decisión fue la admisión de culpabilidad.
“Culpable, eso es lo importante. Yo creo que esa será la gran noticia con un penal abreviado”, manifestó el jurista.
Valerio insistió en que el proceso no terminó con un simple arreglo privado entre las partes, sino con una decisión judicial sustentada en el reconocimiento de responsabilidad del acusado.
“No es un acuerdo, es una declaratoria de culpabilidad”, puntualizó.
Sentencia marca un precedente
La condena envía un mensaje sobre los límites legales de las denuncias y comentarios difundidos públicamente. La libertad de expresión y el derecho a cuestionar a los funcionarios no eliminan la responsabilidad de quien atribuya hechos deshonrosos o delictivos sin contar con elementos que los sustenten.
Con la decisión, el tribunal reconoció que las expresiones de Martínez vulneraron el honor y la reputación de Faride Raful, mientras que la indemnización procura reparar los daños derivados de esas imputaciones.
La defensa deberá ahora garantizar el cumplimiento de las condiciones establecidas en la sentencia, incluyendo el pago de los RD$2 millones y la prohibición de reiterar expresiones difamatorias contra la funcionaria.
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