La disparidad entre ambos fallos judiciales ha reavivado una herida histórica en el sistema de justicia dominicano: la percepción de que existe una “justicia para el de a pie y otra para el de cuello blanco”.
Por un lado, en San José de Ocoa, un joven marginado por el sistema es enviado seis meses a una cárcel pública y multado por sustraer 32 aguacates para sobrevivir o comercializar al menor escala. Por el otro, en los tribunales del Distrito Nacional, un entramado acusado de desfalcar miles de millones de pesos del erario público a través del caso INTRANT recibe sanciones económicas que muchos consideran una simple “cuota de peaje” cobrada con el propio dinero sustraído al Estado.
Caso INTRANT: La reacción de la PEPCA ante una decisión calificada de insólita
La Procuraduría Especializada de Persecución de la Corrupción Administrativa (PEPCA) fijó una posición drástica de rechazo total frente a la resolución judicial que dispuso el pago de RD$7.5 millones a uno de los principales imputados en la trama del INTRANT, en favor de los señores Hugo Beras, Jochi Gómez y otros.
El argumento del Ministerio Público: La PEPCA anunció que apelará formalmente la decisión por considerarla desproporcionada e injusta frente a la magnitud del daño económico y social causado al Estado dominicano.
El malestar social: Para la ciudadanía, la imposición de multas o fianzas económicas a acusados de gran corrupción no representa un castigo ejemplar, sino un mecanismo donde el dinero malhabido sirve para comprar la libertad o atenuar la pena.
La doble vara de medir en el código penal
Este cruce de realidades pone en evidencia los vacíos y rigideces de la estructura legal dominicana:
| Criterio | El caso de los 32 aguacates (Ocoa) | El caso de gran corrupción (INTRANT) |
| Imputado | Ciudadano en situación de vulnerabilidad social. | Exfuncionarios y empresarios de alto perfil. |
| Delito | Hurto simple / Violación de propiedad privada. | Estafa al Estado, falsificación, coalición de funcionarios. |
| Impacto económico | Un puñado de frutos (pérdida local para un agricultor). | Miles de millones de pesos del presupuesto nacional. |
| Sanción impuesta | 6 meses de prisión efectiva en la cárcel de Baní. | Criterios de oportunidad / Multa de RD$7.5 millones. |
| Percepción pública | Rigor absoluto y celeridad punitiva. | Flexibilidad, garantías procesales y “salidas negociadas”. |
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