Joseph Félix Badio y 17 exmilitares colombianos fueron trasladados desde Haití hasta Florida para enfrentar la justicia federal; fiscales advierten que la investigación no ha terminado
PUERTO PRÍNCIPE.– El traslado a Estados Unidos de Joseph Félix Badio y otros 17 sospechosos del asesinato del presidente haitiano Jovenel Moïse abre una nueva etapa judicial que ya no estaría concentrada exclusivamente en los hombres señalados de ejecutar el ataque, sino también en quienes presuntamente lo financiaron, facilitaron y apoyaron.
Los 18 detenidos —Badio y 17 exmilitares colombianos— fueron llevados este domingo desde Puerto Príncipe hasta Estados Unidos a bordo de un avión militar para comparecer ante el Tribunal Federal del Distrito Sur de Florida.
El fiscal federal Jason A. Reding Quiñones confirmó la operación y aseguró que el traslado representa el comienzo de una nueva fase en la búsqueda de responsabilidades por el magnicidio cometido el 7 de julio de 2021.
Estados Unidos ha acusado hasta el momento a 30 personas en conexión con el crimen. La ampliación del proceso indica que las autoridades estadounidenses pretenden seguir la ruta de quienes aportaron dinero, armas, logística y contactos para desarrollar la conspiración.
Badio, una figura central del expediente
Joseph Félix Badio, antiguo empleado del Ministerio de Justicia de Haití y exintegrante de una unidad anticorrupción, es considerado uno de los principales sospechosos de organizar la operación contra Moïse.
Badio permaneció prófugo durante más de dos años hasta que fue detenido en Haití en octubre de 2023. Abogados vinculados al proceso estadounidense han sostenido que habría sido una figura clave en la transformación de un supuesto plan para arrestar al presidente en una operación dirigida a asesinarlo.
Durante varias horas existió confusión sobre si se encontraba entre los trasladados, debido a que las autoridades haitianas se habrían resistido a entregarlo por considerarlo fundamental para su propia investigación.
Sin embargo, una lista de pasajeros obtenida por el Miami Herald confirmó que su nombre figuraba entre las personas transportadas a Florida.
La llegada de Badio representa una oportunidad para que los fiscales estadounidenses profundicen en la estructura de mando del complot y determinen quién tomó la decisión final de asesinar al mandatario haitiano.
Diecisiete exmilitares colombianos enfrentarán la justicia federal
Junto con Badio fueron trasladados 17 ciudadanos colombianos detenidos desde 2021 por su supuesta participación en el ataque.
Las autoridades sostienen que un grupo compuesto mayoritariamente por antiguos militares colombianos ingresó a la residencia privada de Moïse, en las cercanías de Puerto Príncipe, donde el mandatario fue asesinado a tiros y su esposa, Martine Moïse, resultó herida.
Algunos de los colombianos han declarado que fueron contratados para participar en una supuesta operación de arresto y que desconocían que el objetivo final era matar al presidente.
También han denunciado ante las autoridades haitianas que fueron golpeados, amenazados de muerte y obligados a firmar documentos escritos en un idioma que no comprendían. Estas alegaciones formarán parte de los argumentos que previsiblemente presentarán sus abogados en Estados Unidos.
La investigación apunta más allá de los ejecutores
El fiscal Reding Quiñones advirtió que el trabajo de las autoridades no concluyó con los hombres acusados de planificar y ejecutar el ataque.
“Seguiremos las pruebas dondequiera que nos lleven”, sostuvo el funcionario al advertir que serán perseguidos quienes financiaron, facilitaron o respaldaron la conspiración.
Las autoridades estadounidenses consideran que el sur de Florida fue utilizado como centro de planificación y apoyo financiero para una operación extranjera que terminó con el asesinato del gobernante haitiano.
En mayo de 2026, un jurado federal declaró culpables a Arcángel Pretel Ortiz, Antonio Intriago, Walter Veintemilla y James Solages de participar en la conspiración. La Fiscalía sostuvo que contrataron a más de 20 antiguos militares colombianos y facilitaron dinero, armas, municiones y chalecos tácticos.
Los cuatro podrían enfrentar condenas de cadena perpetua. Otros procesados se habían declarado culpables y también fueron sentenciados o esperan conocer sus penas.
Christian Sanon, otro acusado clave
El traslado se produce mientras se aproxima el proceso contra Christian Emmanuel Sanon, ciudadano haitiano-estadounidense y residente en el sur de Florida.
Según la investigación, Sanon aspiraba a sustituir a Moïse como presidente de Haití después de que el gobernante fuera apartado del poder. Su juicio fue separado del proceso contra otros acusados por motivos relacionados con su salud.
Los fiscales sostienen que los conspiradores pretendían colocar en el poder a una figura que posteriormente les concediera influencia y contratos lucrativos.
La investigación indica que el plan original habría sido presentado como una operación para detener a Moïse, pero posteriormente evolucionó hasta convertirse en un complot para asesinarlo.
El fracaso del proceso judicial haitiano
Mientras Estados Unidos ha realizado arrestos, juicios y condenas, el expediente permanece paralizado en Haití cinco años después del magnicidio.
El ministro haitiano de Justicia, Patrick Pelissier, confirmó el traslado y reconoció que el proceso nacional enfrenta dificultades que han impedido la celebración de un juicio.
La violencia de las bandas armadas, la ocupación o destrucción de instalaciones judiciales, las amenazas contra jueces y fiscales y la debilidad institucional han obstaculizado las investigaciones.
El defensor de derechos humanos Pierre Espérance calificó el traslado como una vergüenza para el sistema judicial haitiano y reclamó su fortalecimiento para que casos de esta magnitud puedan ser conocidos dentro del país.
La salida de los sospechosos también genera cuestionamientos sobre la soberanía judicial de Haití. Sin embargo, las autoridades argumentan que mantenerlos detenidos indefinidamente sin juicio tampoco garantizaba justicia para las víctimas ni para los propios imputados.
Un asesinato que profundizó el caos
Jovenel Moïse, de 53 años, fue asesinado en su residencia durante la madrugada del 7 de julio de 2021.
El crimen dejó un vacío político que agravó la inestabilidad institucional y facilitó la expansión de grupos armados que actualmente controlan amplias zonas de Puerto Príncipe.
Cinco años después, todavía permanecen sin respuesta algunas de las preguntas fundamentales: ¿quién ordenó finalmente la ejecución?, ¿quiénes aportaron el dinero?, ¿qué sectores políticos o económicos esperaban beneficiarse y hasta dónde se extendió la complicidad dentro de las instituciones haitianas?
El traslado de Badio y los exmilitares colombianos podría ayudar a reconstruir la cadena completa de responsabilidades.
Estados Unidos ya ha procesado a varios operadores de la conspiración. Ahora pretende identificar y llevar ante los tribunales a quienes permanecieron detrás del dinero, la logística y la decisión política.
La nueva fase del caso deberá establecer si el magnicidio fue solamente una operación ejecutada por mercenarios o la culminación de una conspiración mucho más amplia, diseñada entre Haití y el sur de Florida para tomar el poder y obtener beneficios económicos.
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