Una patrulla de la Policía haitiana vigilando el tráfico durante en un puesto de control en Tabarre, cerca de la embajada de Estados Unidos, al este de la zona metropolitana de Puerto Príncipe. Las pandillas tomaron el control de los vecindarios de los alrededores. José A. Iglesias jiglesias@elnuevoherald.com
Puerto Príncipe.– La crisis humanitaria y de seguridad ciudadana en Haití ha entrado en una fase de colapso institucional absoluto. En medio de los preparativos para celebrar elecciones generales por primera vez en más de una década, las poderosas bandas criminales han desatado una ola de secuestros masivos y quirúrgicos de figuras de alto perfil político y militar, desnudando la complicidad de las fuerzas del orden y la total incapacidad del Estado para proteger inclusive a sus propios altos funcionarios en zonas consideradas seguras de la capital.
De acuerdo con las estadísticas de la Organización de las Naciones Unidas (ONU), el volumen de raptos registró un violento incremento del 42% entre abril y junio de este año 2026 respecto al primer trimestre. Entre las víctimas que permanecen en cautiverio a plena luz del día destaca James Boyard, inspector general de la policía y jefe de gabinete del Ministerio de Defensa de Haití, secuestrado en el exclusivo barrio de Bourdon, junto a la directora general de la Oficina Nacional de Colaboración en Educación (ONAPE), Stéphanie Paultre, y el reconocido jurista Caleb Jean-Baptiste.
Las elecciones como aceleradores del terror y el camuflaje policial
Para la redacción de Noticias En Línea RD, el repunte de estos crímenes de alto impacto no es un hecho fortuito de delincuencia común; constituye una estrategia de chantaje político y control territorial de cara a los comicios. Como bien analiza Romain Le Cour Grandmaison, director del Observatorio en Haití y el Caribe de la Iniciativa Global contra el Crimen Organizado Transnacional, cada rapto de un funcionario de primera línea expone las grietas del gobierno y envía un mensaje de terror internacional: si el Estado no puede proteger a su jefe de gabinete de Defensa, la población civil está completamente desamparada.
El aspecto más alarmante de esta nueva ola criminal radica en la infiltración y el uso de uniformes, vehículos y matrículas auténticas de la Policía Nacional de Haití por parte de las pandillas para ejecutar los arrestos falsos. Expertos en inteligencia criminal advierten que capturar a estos objetivos requiere de una logística fina que solo se logra mediante la complicidad de agentes en servicio activo, lo que anula la confianza en las fuerzas públicas. Mientras el primer ministro, Alix Didier Fils-Aimé, promete la incorporación de 15,000 nuevos efectivos en los próximos tres años, la cruda realidad en las provincias es de sangre y fuego, como el reciente secuestro masivo en la comunidad agrícola de Kenscoff que dejó 164 muertos y más de 70 secuestrados en un solo fin de semana, un precedente de terror que pone en jaque la efectividad de la misión multinacional de la ONU que lidera Kenia en el territorio.
Radiografía de una epidemia: La evolución de los secuestros en Haití
Año 2019: 78 casos registrados oficialmente ante las agencias de la ONU.
Año 2020: 234 secuestros (Alza del 200%). El asesinato de la estudiante Évelyne Sincère detona históricas protestas sociales.
Año 2021: 655 casos (Alza del 180%). Ola delictiva se dispara tras el magnicidio del presidente Jovenel Moïse.
Año 2022: 1,359 secuestros denunciados en las fiscalías haitianas.
Año 2023: 2,490 casos (Pico histórico, alza del 83%). Comienza el uso masivo de uniformes policiales clonados.
Año 2024: 2,058 secuestros. Las pandillas unifican fuerzas y asaltan las infraestructuras clave del Estado.
Año 2025: 1,268 casos (Reducción temporal del 40%).
Año 2026 (Actual): Nueva ola alcista con fuerte subida del 42% en el segundo trimestre, concentrada en el rapto de diplomáticos, empresarios y ministros del Gobierno.
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