Diego Pesqueira, vocero de la Policía Nacional, durante la rueda de prensa en la que fueron presentadas las cifras de órdenes de arresto, búsqueda y captura pendientes de ejecución.Policía Nacional. Imágenes de fuente externa.
Santo Domingo.– En una alarmante y desastrosa confesión que desnuda la profunda ineficacia del sistema preventivo y de persecución penal en la República Dominicana, la Policía Nacional reveló este jueves que en sus plataformas de inteligencia figuran 53,877 órdenes de arresto, búsqueda y captura pendientes de ejecución. Los datos, presentados en una rueda de prensa encabezada por el vocero de la institución, coronel Diego Pesqueira, confirman de forma fáctica que decenas de miles de personas requeridas por la justicia por cometer delitos graves transitan y conviven con total impunidad en las comunidades trabajadoras.
El desglose técnico del descontrol operativo que arrastra la uniformada expone la gravedad de las tipificaciones delictivas que permanecen archivadas y congeladas sin ejecutarse:
Violencia y agresiones: 17,635 órdenes corresponden a casos de violencia intrafamiliar, 5,951 a agresiones físicas y 4,018 a agresiones sexuales.
Robos y ciberdelitos: Se contabilizan 11,587 órdenes por robos y asaltos a mano armada, junto a 2,761 por delitos cibernéticos y 1,630 por amenazas de muerte.
Asesinos sueltos: El dato más aterrador para la seguridad ciudadana es la existencia de 2,681 órdenes de captura pendientes exclusivamente por homicidios.
El negocio de las “fichas acumuladas” y el rebote de culpas

La institución también reportó 73 personas con múltiples registros y otras 485 con más de cinco
El enfoque periodístico de este informe obliga a poner el dedo en la llaga sobre la escandalosa reincidencia criminal tolerada por el Estado. Que el sistema policial registre a 73 delincuentes con múltiples órdenes de arresto y a otras 485 personas con más de cinco registros activos es una burla sangrienta a la ciudadanía. Casos específicos presentados por la propia institución, como el de José Luis Mateo Medina, quien acumula la insólita cifra de 41 registros policiales, o José Amaurys Pérez, con 34 fichas, demuestran que los criminales entran y salen de los cuarteles y tribunales como si cruzaran una puerta giratoria.
Al ser acorralados por las preguntas de los periodistas sobre cómo es posible que un delincuente con decenas de fichas permanezca libre, la alta plana policial —compuesta por el director central de investigación (DICRIM), general Pedro Ignacio Matos Pérez, y el subdirector coronel Fulvio Grullón Penso— intentó sacudirse la responsabilidad. La jefatura se escudó bajo el argumento de que la Policía es un simple “auxiliar” y que corresponde estrictamente al Ministerio Público y a los jueces determinar las medidas de coerción. Este rebote de culpas evidencia la desconexión total entre los órganos de justicia.

El caos digital y los prófugos “sin rostro”
La rueda de prensa del área de Transformación Digital de la uniformada dejó al descubierto severas deficiencias de gestión documental que arrastran desde administraciones pasadas (con órdenes engavetadas que datan de 2009 y 2010):
Prófugos sin identificar: Del universo de 2,548 personas catalogadas oficialmente como prófugas por casos de homicidio, la Policía admitió de forma vergonzosa que en 1,367 casos no cuentan con fotografías ni datos de identidad básicos debido a que los criminales aportaron nombres falsos o no presentaron cédulas al momento de ser procesados en el pasado. Solo disponen de datos de 1,181 asesinos.
Burocracia de ultratumba: Las autoridades reconocieron que sus plataformas continúan emitiendo alertas contra personas que ya fueron capturadas o que incluso ya fallecieron, alegando que no pueden borrar los registros hasta que no se cumpla un lento y obsoleto trámite burocrático de avales documentales remitidos por las fiscalías.
Fugas en los recintos: Para colmo del sistema, se reportó que desde el año 2025 hasta la fecha se han registrado 37 fugas de reclusos. De este grupo, 21 fueron reapresados y 4 fallecieron en supuestos intercambios de disparos, quedando un remanente de 12 peligrosos fugitivos activos de los cuales se difundieron sus fotografías para que sea la propia ciudadanía quien los ubique. Mientras la delincuencia se moderniza, las autoridades demuestran que la cacareada reforma policial se mantiene estancada en un laberinto de papeles y miles de órdenes de captura archivadas.