En una acción que busca sepultar las críticas sobre el supuesto engavetamiento de expedientes y blindar la política de transparencia del Poder Ejecutivo, la Contraloría General de la República (CGR) anunció formalmente que, a partir de este viernes 2 de octubre, comenzará a divulgar de manera masiva los resultados de las auditorías practicadas a diversas instituciones del Estado. Las publicaciones de estos informes financieros y administrativos iniciarán formalmente a partir de las 4:00 de la tarde a través del portal oficial del organismo fiscalizador.
Esta histórica jornada de rendición de cuentas responde a instrucciones expresas y directas del presidente de la República, Luis Abinader Corona. El actual incumbente y contralor general, Geraldo Espinosa Pérez, aclaró ante los medios de comunicación que la legislación dominicana vigente no obliga estrictamente a la Contraloría —al ser un órgano de control interno del Poder Ejecutivo— a transparentar y difundir de forma abierta estos resultados al escrutinio de la sociedad civil. Sin embargo, enfatizó que la decisión del mandatario responde a una voluntad política inquebrantable de garantizar el acceso pleno de la ciudadanía a los procesos de fiscalización realizados durante su gestión.
El plan de contingencia informativa de la CGR estipula que la entrega de datos no se hará en bloque, sino de una forma estrictamente gradual y progresiva. El rango temporal bajo inspección digital es sumamente amplio, pues abarcará de manera detallada todo el período gubernamental iniciado en agosto del año 2020 y que se extiende hasta diciembre del 2025. Con esto, el Gobierno busca dotar de trazabilidad el manejo presupuestario de ministerios, direcciones generales y organismos descentralizados a lo largo del pasado cuatrienio y el inicio del actual mandato.
No obstante, las autoridades señalaron que existe una salvaguarda institucional importante dentro de este proceso: quedarán exceptuadas de estas publicaciones aquellas instituciones del Estado que se encuentren bajo procesos de auditoría activa en este preciso momento por parte de la Cámara de Cuentas de la República Dominicana. Según explicaron los técnicos de la Contraloría, esta medida de exclusión temporal busca evitar de forma categórica cualquier tipo de interferencia, duplicidad de funciones o ruidos procesales entre el mecanismo de control interno gubernamental y el órgano de control externo constitucional. Con este paso al frente, el panorama político y administrativo dominicano se prepara para una oleada de debates económicos sobre la eficiencia y el uso pulcro del erario.
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