Redacción Noticiasenlineard. Foto de fuente eterna.
SANTO DOMINGO, RD.– Lo que inició como una fuerte advertencia en el debate público se ha convertido en un expediente judicial formal. La mañana de este miércoles, el consultor vial y comunicador Dary Terrero formalizó ante el Tribunal Superior Administrativo (TSA) el sometimiento a la justicia de la designación del mayor general retirado Juan Manuel Méndez García como director ejecutivo del Instituto Nacional de Tránsito y Transporte Terrestre (Intrant).
A pesar de que la acción legal estaba originalmente pautada para ser depositada a la 1:00 de la tarde, Terrero y su equipo legal, encabezado por el abogado Víctor Eddy Mateo Vásquez, acudieron a la Alta Corte pasadas las 9:00 de la mañana para interponer el recurso contencioso administrativo. La instancia busca la nulidad del Decreto 551-26, mediante el cual el Poder Ejecutivo nombró al exdirector del Centro de Operaciones de Emergencias (COE) en sustitución de Milton Morrison.
El argumento: Presunta violación a la Ley de Tránsito
El núcleo de la impugnación descansa sobre una supuesta violación al artículo 13 de la Ley 63-17 de Movilidad, Transporte Terrestre, Tránsito y Seguridad Vial. Según detalló Terrero a los medios de comunicación, dicha legislación establece de manera taxativa que el director de la entidad debe contar con una formación técnica especializada y probada experiencia en la materia, requisitos con los que, a su juicio, el alto oficial retirado no cumple.
“La ley penaliza y establece un perfil muy específico para quien dirija el órgano rector del tránsito en el país”, puntualizó el experto automotriz al reiterar que la experiencia de Méndez García en gestión de emergencias y respuesta civil no se traduce automáticamente en competencias para la planificación del caótico sistema vial dominicano.
Por su parte, el general Juan Manuel Méndez ha defendido públicamente su idoneidad para el puesto, respondiendo en días previos a los cuestionamientos mediante la publicación en sus redes sociales de sus diversos diplomas y acreditaciones académicas universitarias. Asimismo, el funcionario asumió el cargo el pasado 18 de agosto bajo la firme promesa de hacer cumplir rigurosamente la ley de tránsito y ya ha sostenido encuentros estratégicos con líderes de los principales gremios del transporte del país.
Con este paso dado ante el TSA, corresponderá ahora a los jueces de lo administrativo determinar si el nombramiento presidencial se ajustó al marco legal vigente o si, por el contrario, vulnera las normativas institucionales establecidas.
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