Santo Domingo Este.– Un nuevo y controversial incidente coloca al artista urbano Joan Manuel Nova, conocido popularmente como “Sujeto Oro 24”, en el centro del debate sobre la seguridad ciudadana y los límites de la legalidad en el país. El intérprete denunció a través de sus plataformas digitales que un chofer de transporte público irrumpió en la residencia de su madre, ubicada en el populoso sector de Los Mina, sustrayendo un teléfono de alta gama iPhone 17. Sin embargo, la respuesta del exponente urbano ha encendido las alarmas jurídicas al aplicar la justicia por mano propia, reteniendo de manera forzosa el vehículo del conductor como método de canje.
De acuerdo con los audiovisuales difundidos por el propio artista, el presunto infractor se desplazaba en un minibús blanco perteneciente a la ruta Brisa 73-C, ficha que cubre el trayecto entre Brisa, Megacentro, Mercado, La Charca, la avenida Mandinga y diversas calles céntricas de Santo Domingo Este. Según la versión de Nova, el chofer se desvió de su recorrido habitual para llegar a la vivienda de su progenitora, donde bajo el pretexto de pedir un vaso de agua, ingresó al inmueble y presuntamente robó el dispositivo telefónico, quedando captado en cámaras de seguridad mientras abandonaba la escena.
La peligrosa normalización de la coacción civil
El enfoque periodístico de este suceso obliga a poner la lupa sobre las acciones posteriores tomadas por el artista y sus allegados. Tras identificar al minibús con la placa número I-121017, un grupo de personas vinculadas a “Sujeto Oro 24” localizó, persiguió y retuvo por la fuerza tanto al conductor como a la propiedad privada del sindicato de transporte, condicionando la devolución del vehículo a la entrega inmediata del aparato telefónico.
«Es para yo no tener que comprárselo a mi mamá para atrás… Le pido al propietario de la ruta que acuda de urgencia a Los Mina para resolver la situación y recuperar el vehículo que permanece retenido», sentenció el artista urbano, asegurando que su intención era resolver el conflicto “sin que pase a mayores”.
Esta práctica, aunque presentada por el exponente como un intento de mediación pacífica, expone una preocupante realidad social: la desconfianza ciudadana en los canales ordinarios de la Policía Nacional y la fiscalía lleva a figuras públicas a cometer presuntos delitos de coacción y retención ilegal de bienes para dirimir conflictos menores. Hasta el momento de redactar esta nota, las autoridades policiales de Santo Domingo Este no han intervenido formalmente en el sector, y se desconoce la versión del sindicato de choferes ante una peligrosa retención que viola flagrantemente el debido proceso legal.
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