San Cristóbal.– El trágico desenlace de Loyca Alvarado, de 37 años, cuyo cuerpo fue hallado este lunes en un matorral de esta provincia tras varios días desaparecida, ha desatado una profunda ola de indignación social. La confirmación del hallazgo por parte de sus familiares no solo expone un brutal crimen, sino que desnuda una alarmante y negligente falla en el sistema de protección a las mujeres víctimas de violencia en la República Dominicana.
El cadáver de Alvarado fue trasladado de urgencia al Instituto Nacional de Patología Forense, en las proximidades de la Universidad Autónoma de Santo Domingo (UASD), para los fines de autopsia. Su tío, Julián Adames, relató los desgarradores detalles del último día que la vieron con vida: el pasado domingo, la víctima salió de su hogar a las 10:40 de la mañana hacia un salón de belleza. Estando en el lugar, recibió una llamada telefónica para encontrarse con una persona fuera del local, perdiéndose todo rastro de ella hasta ser encontrada sin vida. La investigación preliminar de la familia apunta a que la joven fue raptada en Santo Domingo y trasladada a la fuerza hacia San Cristóbal, donde finalmente la ejecutaron.
El portazo policial que costó una vida
El aspecto más crítico y condenable de este caso radica en la inacción de las autoridades preventivas. Los familiares identificaron formalmente a la expareja de la víctima —de quien se había separado hace un mes— como el presunto autor intelectual y material del femicidio. Adames reveló que días antes del crimen, la pareja sostuvo una fuerte disputa debido a que el hombre pretendía colocar una foto de ella en su perfil telefónico, lo que obligó a Loyca a romper el aparato y a acudir a un destacamento de la Policía Nacional para interponer una querella por amenazas. La respuesta del Estado fue el abandono.
“Ella le puso una querella en la Policía y no quisieron aceptársela… Para recibir una querella, para eso no hay hora”, denunció con dureza Julián Adames, cuestionando la desatención institucional y burocrática que enfrentan las mujeres en situaciones de alto riesgo.
La familia denunció además que el sospechoso posee un peligroso historial delictivo que incluye antecedentes penales y una ficha policial activa, datos que debieron activar las alertas de cualquier unidad de violencia de género. Este caso pulveriza los discursos oficiales sobre los planes de protección a la mujer y evidencia que la burocracia de los cuarteles sigue costando vidas. Corresponde ahora a la Dirección Central de Investigación (DICRIM) y al Ministerio Público subsanar la falla inicial de la uniformada, arrestar de inmediato al señalado y aplicar la pena máxima por secuestro y asesinato agravado.
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