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El entramado judicial del denominado caso SeNaSa 2.0-A (ligado a la Operación Cobra 2.0-A) dio un giro radical en las últimas horas de la audiencia. El Ministerio Público modificó su solicitud inicial de prisión preventiva, beneficiando a nueve de los 13 imputados con la petición de arresto domiciliario y otras medidas menos gravosas, luego de que estos decidieran admitir su culpabilidad en el presunto fraude millonario contra el Seguro Nacional de Salud (SeNaSa).
El órgano persecutor tomó la decisión tras intensas jornadas de debates en las que la mayoría de los encartados optó por colaborar con la investigación. Al aceptar los cargos de la acusación, que van desde coalición de funcionarios hasta desfalco, las defensas técnicas lograron desmontar la posición de peligro de fuga, abriendo paso a pactos procesales que les permitirán esperar el juicio desde sus residencias.
Ante este nuevo panorama, el juez de la Oficina de Atención Permanente del Distrito Nacional, Rigoberto Sena, dispuso el cierre de los debates y fijó para el próximo domingo la lectura del fallo definitivo. En dicha audiencia se conocerá formalmente si el tribunal valida los acuerdos logrados entre los imputados y el Ministerio Público, así como la suerte procesal de los cuatro implicados restantes que no se sumaron a las admisiones y para quienes aún se dictaría prisión preventiva.
El caso, que mantiene en vilo a la opinión pública por tocar de forma directa los fondos destinados a la salud de los dominicanos más vulnerables, entra en una cuenta regresiva. Se espera que el domingo las autoridades judiciales pongan fin a este primer y extenso capítulo procesal en el Palacio de Justicia de Ciudad Nueva.
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