SANTIAGO, RD.– Un imprevisto conflicto legal ha puesto un freno temporal a una de las obras ambientales y urbanísticas más ambiciosas de la hidalga de los treinta caballeros. Los trabajos de transformación, embellecimiento y saneamiento de la barriada informal conocida como Nueva York Chiquito, ubicada estratégicamente en la ribera del río Yaque del Norte, han quedado paralizados tras una agresiva reclamación de propiedad privada interpuesta por una empresa inmobiliaria.
La situación explotó públicamente cuando el ingeniero Ervin Vargas, asesor de urbanismo y medio ambiente de la Alcaldía de Santiago encabezada por el alcalde Ulises Rodríguez, reveló que el cabildo y la empresa constructora Ecosisa recibieron notificaciones formales mediante acto de alguacil. En dichos documentos, la sociedad comercial Inmobiliaria Avenida Duarte S.R.L. reclama la titularidad de una carta constancia que abarca una extensión aproximada de 134,428 metros cuadrados en la misma zona de intervención.
El proyecto en disputa contempla una inversión superior a los RD$168 millones de pesos, respaldada con fondos directos del Gobierno central. La meta del cabildo santiaguero es erradicar el foco de contaminación histórica y convertir esta franja ribereña en el moderno Mirador del Yaque, un pulmón urbano que integrará ciclovías, senderos peatonales, iluminación LED, un mirador panorámico y amplias áreas verdes reforestadas.
Sin embargo, el equipo técnico de la alcaldía ha salido al frente descalificando los argumentos de la inmobiliaria. Vargas recordó un valioso precedente histórico: durante la gestión del extinto presidente Joaquín Balaguer, cuando se construyó la avenida Mirador Yaque (Circunvalación Sur), la totalidad de esos terrenos fueron declarados de utilidad pública, lo que teóricamente blindó las áreas verdes a favor del Estado y el municipio.
“¿Cómo es posible que aparezcan títulos en base a saneamientos en plenas áreas protegidas?”, cuestionan comunitarios y expertos del sector judicial. Adicionalmente, la ley ambiental de la República Dominicana prohíbe de forma taxativa cualquier edificación privada a menos de 30 metros de la franja del río. El Ayuntamiento de Santiago ya interpuso un recurso de oposición ante los tribunales correspondientes. Aunque el caso se ventila provisionalmente en la jurisdicción civil, la representación del cabildo argumenta que el escenario idóneo para dilucidar la validez del reclamo es la Jurisdicción Inmobiliaria, confiando en que el interés público prevalecerá sobre las pretensiones particulares.
Mientras las maquinarias permanecen apagadas en espera de un fallo de los tribunales, el drama social continúa latente. Más de 90 familias asentadas de forma precaria en la zona siguen atentas al plan original, el cual incluye gestiones de compensación y reubicación en coordinación con el Ministerio de la Vivienda y Edificaciones (MIVED).
About the Author
