MADRID, ESPAÑA.– Lo que comenzó como un grito de indignación vecinal se ha transformado en un histórico estallido social en pleno corazón de la capital española. Por tercera noche consecutiva, cientos de manifestantes convocados por el Sindicato de Inquilinas de Madrid han pernoctado en tiendas de campaña en la emblemática Puerta del Sol. Exigen soluciones inmediatas ante el encarecimiento salvaje de los alquileres y la falta de protección habitacional. La chispa que encendió este polvorín fue el dramático desalojo forzoso de María del Carmen Abascal, una jubilada de 87 años con un 50% de discapacidad. La anciana fue sacada en camilla de la vivienda donde residió por más de siete décadas.
El caso de Maricarmen se ha convertido en el símbolo definitivo de la especulación inmobiliaria en España. Tras la compra de su edificio por el fondo de inversión Urbagestión, la renta mensual de la anciana sufrió una agresiva subida del 275%. Su alquiler escaló de los 500 euros originales a una exigencia de hasta 2,650 euros. La cifra resulta completamente inalcanzable para una pensionada cuyos ingresos mensuales apenas rondan los 1,300 euros. A pesar de que los tribunales congelaron tres intentos previos de lanzamiento, el cuarto operativo judicial se ejecutó con un fuerte despliegue de la Policía Nacional. Los agentes derribaron la puerta en medio de la impotencia de activistas y vecinos que intentaban frenar la acción bajo el lema “Maricarmen se queda”.
La presión sostenida en las calles y la masiva movilización de unas 25,000 personas el pasado fin de semana han provocado un terremoto político nacional. Desde la Asamblea General de la ONU en Nueva York, el presidente del Gobierno español, Pedro Sánchez, calificó el desahucio como una “tragedia social”. Esto precipitó que el Consejo de Ministros aprobara este martes dos decretos ley de urgencia en materia de vivienda. Bautizados popularmente por el movimiento social como el “Decreto Maricarmen”, las nuevas medidas contemplan la extensión de la prohibición de desahucios vulnerables hasta el año 2030. También incluyen la prórroga obligatoria de contratos de alquiler vigentes por dos años y fuertes restricciones a la compra de inmuebles por fondos buitre hasta 2028.
El pulso político, sin embargo, se recrudece por horas. Mientras el ala progresista del Ejecutivo presiona para convalidar de urgencia estos decretos este viernes en el Congreso de los Diputados, la oposición conservadora en Madrid ha lanzado un ultimátum. El gobierno regional de la Comunidad de Madrid otorgó un plazo de 48 horas para desmantelar la acampada de la Puerta del Sol. Argumenta que se trata de una protesta ilegal que genera desorden público. En respuesta, los manifestantes aseguran que no abandonarán las calles hasta comprobar que las reformas blindan de verdad a los inquilinos frente a los fondos especulativos.
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