La demanda indica que las empresas no cumplen con los horarios establecidos de despegues, aterrizajes y vuelos. Crédito: Bebeto Matthews | AP
Por Montserra Arqué, El Diario
Nueva York.– La prolongada y ensordecedora batalla legal y comunitaria por el control del espacio aéreo en el área metropolitana de la Gran Manzana ha estallado formalmente en las cortes federales. El municipio de Kearny radicó una agresiva demanda ante la Corte Superior del condado de Hudson contra la poderosa empresa FlyNYON y los administradores del HHI Heliport, acusándolos de cometer perjurio, violar flagrantemente las leyes de zonificación terrestre y desatar una crisis de contaminación sónica que mantiene en vilo a los residentes de ambos lados del río Hudson.
La querella busca una orden de restricción temporal para congelar de forma inmediata todos los despegues y aterrizajes nocturnos de la firma, así como prohibir de raíz los lucrativos recorridos de recreación. Para doblar el brazo de los magnates de la aviación privada, Kearny ha estructurado un bloque monolítico junto al condado de Hudson, Jersey City, Hoboken, Bayona y Union City, demarcaciones que firmaron un pacto fáctico para financiar de forma conjunta los multimillonarios costos legales del litigio. La hora de la verdad se ventilará en una audiencia crucial fijada para este jueves 8 de octubre de 2026, donde un juez determinará si impone un apagón técnico a las aeronaves.
El falso “tour fotográfico” y las mentiras bajo juramento
Para la redacción de Noticias En Línea RD, el expediente judicial saca a la luz el descarado cinismo con el que operan los consorcios de transporte privado en los Estados Unidos. El núcleo de la estafa corporativa se remonta al año 2014, cuando el director ejecutivo del helipuerto, Jeff Hyman, declaró bajo juramento ante la Junta de Zonificación que las instalaciones se limitarían estrictamente al mantenimiento de aeronaves en horarios diurnos y que jamás ofrecerían recorridos turísticos. Gracias a esa promesa jurada, el Estado les otorgó los permisos de operación.
Hoy en día, las empresas se burlan de la ley abriendo sus portales web los 7 días de la semana de 7:00 a. m. a 9:00 p. m., mientras FlyNYON comercializa despegues hasta las 11:00 de la noche bajo la sofisticada y tramposa etiqueta de “the ultimate helicopter photo experience” (la máxima experiencia fotográfica aérea), una burda coartada semántica para camuflar lo que fácticamente es un tour de recreación sin regulaciones locales. Un peritaje científico contratado a la firma aeroespacial The Aloft Group sepultó la defensa corporativa al demostrar que el 23.8% de todos los despegues registrados entre octubre de 2024 y agosto de 2026 ocurrieron de forma ilegal fuera del horario autorizado, siendo FlyNYON el causante del 62% de esas violaciones nocturnas.
El fantasma de la muerte y el colapso del control civil
La alcaldesa de Kearny, Carol Jean Doyle, arremetió contra los propietarios del terreno (River Terminal Development) ante el absoluto silencio de los demandados. El conflicto adquiere tintes de emergencia civil en Nueva York, donde la plataforma digital de quejas ciudadanas reportó la histórica cifra de más de 17,000 denuncias por ruido infernal de helicópteros en un periodo de 12 meses.
El desespero de los vecindarios no es solo por la molestia del ruido; está impulsado por el terror del trágico accidente aéreo del año pasado en el río Hudson, cuando un helicóptero turístico que despegó de Manhattan cayó al agua provocando la muerte violenta del piloto y de cinco miembros de una misma familia, lo que forzó a la Administración Federal de Aviación (FAA) a suspender y quebrar a la operadora New York Helicopter Charter Inc.
Mientras los concejales de Nueva York proponen por fin prohibir los helipuertos municipales para vuelos no esenciales y el senador estatal Raj Mukherji impulsa leyes draconianas en Nueva Jersey para asfixiar la industria con impuestos a los vuelos de lujo, las corporaciones demuestran que prefieren pagar multas de zonificación baratas antes que apagar sus motores. La audiencia de este jueves será el termómetro fáctico para medir si los tribunales norteamericanos tienen el coraje de hacer respetar la salud de las familias dominicanas e hispanas que habitan los condados metropolitanos o si el cabildeo de los cielos abiertos seguirá imponiendo la ley del dinero sobre la seguridad del suelo.