AZUA, RD.– La Oficina Judicial de Servicios de Atención Permanente de esta provincia programó para este jueves el conocimiento de la medida de coerción contra los sospechosos de participar en la agresión sexual colectiva y muerte de la joven Marielis Yoanna Beltré Féliz, de 20 años de edad, un hecho de violencia extrema que mantiene consternada a toda la sociedad civil del sur del país.
El proceso penal experimentó un avance definitivo tras la entrega del informe de autopsia oficial emitido por el Instituto Nacional de Ciencias Forenses (INACIF). El dictamen de los médicos legistas determinó que el deceso de la joven, ocurrido en el Hospital Regional Taiwán de Azua, no se debió a causas naturales, sino a un choque hemorrágico severo provocado de manera directa por las graves lesiones internas causadas con un objeto punzocortante inyectado en sus genitales, confirmando científicamente los relatos y denuncias iniciales ofrecidos por los familiares de la víctima.
Esta manifestación de violencia de género e inseguridad en las calles ha reavivado las críticas de los comunitarios sobre el rol y el alcance de las fuerzas de seguridad pública en las provincias vulnerables del interior, un debate institucional recurrente en la palestra nacional.
De hecho, sobre los mecanismos de control judicial del país, en nuestro reporte de esta mañana detallamos cómo el PRM rechazó en el Senado el proyecto de ley que buscaba aplazar la entrada en vigencia del nuevo Código Penal, un escenario legislativo donde precisamente se discute el endurecimiento de las penas para crímenes de esta naturaleza.
Ministerio Público califica el hecho como tortura y homicidio
Amparados en la crudeza de los hallazgos médicos del INACIF, los fiscales litigantes procedieron a instrumentar un expediente de alta complejidad penal.
El órgano persecutor del Estado ha tipificado provisionalmente el caso bajo las calificaciones jurídicas de asociación de malhechores, tortura y barbarie, violación sexual agravada y homicidio voluntario, solicitando al tribunal de atención permanente la imposición de un año de prisión preventiva como medida cautelar obligatoria debido al peligro de fuga y la conmoción social que genera el suceso.
El trágico incidente se remonta al domingo 21 de junio, cuando la joven Beltré Féliz salió de su residencia habitual con la única intención de comprar toallas sanitarias en un comercio cercano, momento en el cual presuntamente fue interceptada, sometida y agredida por un grupo de cuatro hombres.
El padre de la hoy occisa, Luis Antonio Féliz, acudió formalmente ante el palacio de justicia local para constituirse en actor civil y querellante, exigiendo la pena máxima para los responsables de un crimen que segó la vida de su hija sin que esta tuviera la oportunidad de reconocer la identidad de sus verdugos antes de expirar.
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