Por: Redacción Noticias En Línea RD
SANTO DOMINGO.– En una sorpresiva decisión que ha encendido las alarmas en el sector jurídico y financiero dominicano, la Primera Sala Penal de la Corte de Apelación del Distrito Nacional dictaminó variar la medida de coerción y dejar en libertad condicional a todos los implicados en el alegado fraude financiero cometido contra el Banco BHD, cuyo monto total supera los 200 millones de pesos.
El dictamen modifica la resolución emitida previamente por el Juzgado de Atención Permanente del Distrito Nacional, tribunal que originalmente había impuesto un año de prisión preventiva y declarado la tramitación del caso bajo la modalidad de expediente complejo para los diez encartados en la presunta red delictiva.
Los beneficiados con la libertad condicional
La variación de la medida cautelar favorece de manera directa a Jefry Leonardo Cepeda Núñez, señalado formalmente por el Ministerio Público como el presunto cabecilla de la estructura y quien desempeñaba funciones técnicas dentro de la referida entidad bancaria.
De igual manera, el tribunal de alzada ordenó la inmediata puesta en libertad, sujeta a nuevas restricciones de coerción (como fianzas e impedimento de salida del país), a los demás civiles acusados de actuar como coautores y testaferros en la movilización de los fondos extraídos. El listado de imputados incluye a:
Francis Michael Laureano Marte
Juan Antonio Ureña Geraldo
Kaury Miguel Lazala Brazobán
Luis Miguel García Peña
Pedro Andrés García Pérez
Luis Guillermo García Faña
Elsa Sthefanya Sánchez Fernández
Pedro Reynaldo Bello Pérez
Julio Antonio García Faña
El esquema del “Tumbe Bancario” y la reacción institucional
De acuerdo con la acusación formal instrumentada por la Unidad de Investigación de Delitos Financieros de la Fiscalía en abril de 2026, Cepeda Núñez se valía de sus accesos internos de seguridad tecnológica corporativa para procesar acreditaciones irregulares y gestionar aprobaciones ilícitas de préstamos digitales. Los millonarios recursos eran transferidos con rapidez a cuentas puente perteneciente a las personas externas reclutadas, quienes posteriormente retiraban o diversificaban el capital bajo esquemas similares al lavado de activos.
El fraude informático fue detectado inicialmente por las auditorías de control interno de la propia institución en marzo, provocando el despido inmediato del empleado y la debida notificación a la Superintendencia de Bancos de la República Dominicana. A pesar del elevado monto del desfalco, la presidencia de la entidad financiera aclaró a los ahorrantes que los depósitos de los clientes nunca se vieron comprometidos ni fueron tocados, debido a que las pérdidas contables fueron absorbidas en su totalidad por los fondos patrimoniales del banco.
Indignación en la barra de la defensa del banco
La fundamentación de la Corte de Apelación para otorgar la libertad condicional se basó en el criterio técnico de que los delitos penales de índole estrictamente económica y corporativa no revisten el peligro de fuga o la violencia física necesaria para justificar la prisión preventiva ordinaria.
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Esta ponderación provocó un rechazo tajante de la parte civil de la institución bancaria. El togado Julio Camejo, representante legal adjunto de la entidad, advirtió a las afueras del Palacio de Justicia de Ciudad Nueva que la variación del dictamen judicial envía un “mensaje distorsionado y altamente peligroso a la sociedad”, sugiriendo que las infracciones de cuello blanco y los fraudes millonarios al sistema financiero no conllevan sanciones restrictivas de libertad severas durante la etapa procesal de investigación.
