SANTIAGO, RD.– En un giro inesperado durante el conocimiento de las medidas de coerción del caso denominado Operación Onco 14, el Ministerio Público modificó este viernes de manera formal su solicitud de medida de restricción contra la imputada Dilcia Patricia Vargas, variando el pedimento original de prisión preventiva por el de arresto domiciliario.
La variación de la solicitud se produjo luego de que Vargas, quien es la exesposa de Héctor Antonio Lora Cruceta —expresidente de la Junta Directiva y del Patronato que administra el Instituto Oncológico Regional del Cibao (IORC)—, manifestara ante el tribunal su total disposición de colaborar activamente con los fiscales encargados de la investigación y admitiera de manera voluntaria parte de los hechos delictivos que se le atribuyen en el expediente.
Estrategia de colaboración y delación premiada
La decisión del órgano persecutor responde a la estrategia de delación y cooperación procesal penal. Al admitir su participación en el presunto entramado que desfalcó los fondos destinados a la atención de pacientes con cáncer en la región del Cibao, Vargas se convierte en una pieza clave para el Ministerio Público, lo que podría comprometer severamente la situación jurídica del principal encartado, su exesposo Lora Cruceta, y de los demás implicados en la red de corrupción.
Los fiscales litigantes explicaron al tribunal que el arresto domiciliario garantiza la presencia de la encartada en el proceso judicial, al tiempo que permite salvaguardar la integridad de las nuevas informaciones y evidencias aportadas por ella para robustecer el expediente acusatorio de la Operación Onco 14.
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El lunes se dictará el fallo definitivo
Tras escuchar los argumentos de las defensas técnicas, las réplicas del Ministerio Público y la sorpresiva declaración de Dilcia Patricia Vargas, la jueza de la Oficina Judicial de Servicios de Atención Permanente de esta jurisdicción ordenó un aplazamiento técnico. La magistrada anunció que se reservará el fallo y decidirá de manera definitiva el próximo lunes sobre las medidas de coerción que pesarán sobre todo el grupo de imputados que componen este entramado de supuesta corrupción administrativa y desvío de fondos hospitalarios.
