Por: José Abreu (director de Noticias en Línea RD)
El pacto de silencio que sostenía el entramado de corrupción más atroz en la historia de la salud pública dominicana ha comenzado a resquebrajarse de forma definitiva. Lo que la Procuraduría Especializada de Persecución de la Corrupción Administrativa (Pepca) tipificó inicialmente como un desfalco de 15,000 millones de pesos en el Seguro Nacional de Salud (SeNaSa) bajo la Operación Cobra, ha entrado en una fase de metástasis institucional e indignación colectiva que amenaza con sepultar el discurso de transparencia estatal.
La comparecencia formal y pública depositada ante la Procuraduría General de la República (PGR) por el abogado Miguel Surún Hernández, titular del movimiento Convergencia Nacional Contra el Robo de la Seguridad Social, eleva la urgencia de la prometida fase “SeNaSa 2.0”. La denuncia formal no solo valida las advertencias que hemos sostenido en las seis entregas editoriales previas de Noticias en Línea RD, sino que expande el alcance del fraude hasta fijarlo en la escalofriante y astronómica suma de 41,000 millones de pesos. Ya no estamos ante simples irregularidades administrativas; nos enfrentamos al saqueo sistemático y criminal de la espina dorsal de la seguridad social del pueblo dominicano.
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El laberinto político: Exigencias y dobles morales
Este colosal escándalo ha encendido el tablero político nacional, desatando un complejo juego de presiones y cuestionamientos. Por un lado, el Partido de la Liberación Dominicana (PLD), a través de su secretario de asuntos jurídicos, José Dantés, ha salido públicamente a demandar una mayor celeridad en las investigaciones del Ministerio Público. Dantés fundamenta su reclamo en líneas específicas del propio expediente persecutor, las cuales señalan que el principal imputado de la trama admitía que gran parte del dinero en efectivo recaudado ilícitamente en el SeNaSa era presuntamente desviado para financiar la campaña de reelección del Partido Revolucionario Moderno (PRM).
La ciudadanía tiene el derecho constitucional absoluto de saber quiénes fueron los beneficiarios finales de este desfalco.
Sin embargo, el reclamo del bloque opositor transita por el filo de una marcada doble moral política. Resulta imperativo que el mismo fervor con el que se exige procesar el fraude actual del gobierno de turno se aplique para acelerar los macrocasos de corrupción que aún duermen el sueño de los justos en los tribunales, como los casos Medusa (5,000 millones), Coral y el megafraude de la Operación Calamar. El verdadero peligro sistémico radica en que el ritmo y la magnitud de los escándalos del presente (donde un solo caso como SeNaSa iguala o supera la sumatoria de Medusa, Coral y Pulpo juntos) terminen normalizando el saqueo de los fondos públicos bajo el pretexto de que “todos los gobiernos roban”.
La ruta corporativa y los nombres bajo la lupa
El documento entregado formalmente por Surún Hernández ante el despacho de los procuradores Yeni Berenice Reynoso y Wilson Camacho introduce elementos específicos y nombres propios que el órgano persecutor no puede obviar sin incurrir en una complicidad histórica. La denuncia exige la inmediata inclusión, investigación y judicialización penal del Grupo Medicar GBC, así como de sus principales ejecutivos, Raymond Rodríguez y su hermana Carmen Rodríguez.
La investigación debe auditar con rigurosidad la ruta financiera y los contratos de provisión de fármacos otorgados a este consorcio farmacéutico. Resulta insostenible para el sistema que, mientras las farmacias del pueblo y los centros comunitarios se desabastecen, se validaran presuntas coberturas cruzadas y facturaciones industriales con intermediarias financieras fuertemente salpicadas en el expediente del SeNaSa. El Ministerio Público tiene sobre la mesa el brazo operativo y mecánico que canalizó el presunto lavado de activos; limitar las rejas al exdirector de la aseguradora, Santiago Hazim, dejando intactos a los suplidores privados corporativos, sería una burla sangrienta al clamor de justicia popular.
El costo humano: El canibalismo de la salud
Detrás de los 41,000 millones de pesos defraudados no hay abstracciones contables; hay rostros humanos en agonía. Como bien se ha expuesto a las puertas de la Procuraduría, cada peso sustraído de la ARS estatal se traduce materialmente en la pérdida de vidas de madres y niños dominicanos pertenecientes a los estratos más vulnerables.
Este fraude se pagó con pacientes terminales desahuciados a quienes se les negó el acceso elemental a tratamientos oncológicos, con quimioterapias fantasmas facturadas a nombre de fallecidos y con el hacinamiento indignante en los pasillos de los hospitales. Mientras la cúpula oficialista y sus aliados empresariales blindaban sus patrimonios, las familias de escasos recursos veían expirar a los suyos por falta de un medicamento esencial. La salud del pueblo no puede seguir siendo el negocio financiero de un grupo de intocables. Exigimos que la Operación Cobra 2.0 desmantele la periferia empresarial completa de esta mafia. Los apellidos y los emporios económicos no pueden estar por encima de la vida de los dominicanos.
