Por: José Abreu (Periodista y director de Noticias en Línea RD)
La verdad siempre encuentra su camino, por más que intenten sepultarla bajo el manto del olvido institucional o la presión de las élites corporativas. El contundente editorial publicado por este medio ha surtido el efecto de un sismo en los cimientos del sistema judicial dominicano, logrando reavivar un expediente de corrupción de alta sensibilidad que muchos pretendían dejar durmiendo el sueño de los inocentes. La comparecencia pública y formal realizada la mañana de este martes ante la Procuraduría General de la República (PGR) por el abogado Miguel Surún Hernández, titular del movimiento Convergencia Nacional Contra el Robo de la Seguridad Social, eleva la denominada Operación Cobra 2.0 a una dimensión de urgencia e indignación nacional.
La denuncia formal depositada no es un asunto menor ni un simple debate de pasillo: expande los alcances del desfalco contra el Seguro Nacional de Salud (SeNaSa) hasta fijarlo en la alarmante y escandalosa suma de 41,000 millones de pesos. Ya no se trata únicamente de irregularidades administrativas; hablamos de un presunto fraude colosal que lacera de forma criminal los recursos destinados constitucionalmente a garantizar la vida y la salud de la población dominicana más vulnerable. Como bien ha señalado Surún Hernández a las puertas del órgano persecutor, cada peso sustraído de la ARS estatal se traduce en la pérdida material de vidas humanas, en cientos de dominicanos desahuciados a quienes se les privó del acceso elemental a tratamientos médicos y medicamentos esenciales.
El documento entregado a las autoridades introduce elementos específicos y nombres propios que el Ministerio Público no puede ignorar sin incurrir en una complicidad histórica. La exigencia es clara e inmediata: investigar la ruta financiera y la contratación de la cadena Medicar GBC y de su presidente ejecutivo, Raymond Rodríguez. Resulta, por decir lo menos, inexplicable y sospechoso el salto exponencial de esta red de farmacias, que pasó de operar 50 sucursales a registrar 188 establecimientos en un periodo menor a tres años. Los indicios procesales suponen que semejante expansión financiera y comercial pudo haber sido financiada con recursos millonarios sustraídos de las arcas de SeNaSa mediante el cobro sistémico de facturas sin indicaciones médicas válidas. Frente a una sospecha de tal magnitud, el silencio o la inacción de las autoridades se vuelve cómplice y delictiva.
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Es profundamente lamentable y contradictorio que mientras desde el Gobierno central se enarbola un discurso frontal contra la criminalidad, en las sombras se orqueste la parálisis de las indagatorias para blindar a empresarios con altísima responsabilidad penal en este entramado. La denuncia de que se han bloqueado las investigaciones a compañías específicas que recibieron miles de millones de pesos en contratos irregulares confirma el peor de nuestros temores: la Operación Cobra 2.0 corre el riesgo de ser mutilada por presiones externas de grupos fácticos poderosos.
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Desde Noticias en Línea RD fijamos una postura inquebrantable. La salud del pueblo no puede ser el botín de guerra de mafias corporativas ni la moneda de cambio de la impunidad política. Exigimos a la Procuraduría General de la República que reactive de inmediato, y sin cortapisas, todas las líneas de investigación de la Operación Cobra 2.0. El país no va a tolerar alharacas de tres días ni expedientes engavetados para proteger a los intocables de siempre. La impunidad no puede, ni debe, ser el destino de este caso.
