Por: José Abreu (Director de Noticias En Línea RD)
La estabilidad económica de los ciudadanos no puede seguir siendo el comodín de la recaudación fiscal del Estado dominicano. Durante un espacio de casi dos años, la administración gubernamental del presidente Luis Abinader mantuvo una política estricta de congelación en los precios internos de los hidrocarburos. El argumento oficialista siempre apuntó a la protección del bolsillo de la población; sin embargo, detrás de la cortina financiera, el Estado adquiría el barril de petróleo en los mercados internacionales por debajo de los 67 dólares, acumulando un margen excedente que nunca se reflejó en beneficio directo de las estaciones de expendio ni de los consumidores.
El escenario cambió drásticamente a raíz del estallido de la crisis geopolítica internacional y el conflicto bélico entre Israel, los Estados Unidos e Irán. Amparado en la inestabilidad global, el Gobierno reaccionó de manera voraz: en un espacio de apenas dos meses, asestó un duro golpe a la economía nacional al indexar un aumento acumulado de alrededor de 50 pesos dominicanos al costo de los combustibles. Esta escalada alcista se vio blindada políticamente con la reciente aprobación de la reforma fiscal, una pieza legislativa estructurada desde el Poder Ejecutivo que fue conocida, sancionada y aprobada a vapor en un plazo récord de tan solo seis días, gracias a la aplanadora mecánica de los senadores y diputados del Partido Revolucionario Moderno (PRM) en el Congreso Nacional.
Hoy, las variables internacionales han dado un vuelco y el precio del barril de petróleo registra una tendencia persistente a la baja. Frente a esta realidad, el Gobierno pretende mantener los precios congelados en el tope alto, devorándose el alivio financiero que por ley le pertenece al pueblo dominicano. Esta alarmante inacción oficialista ha provocado la reacción inmediata de diversos sectores sociales, económicos y políticos que presionan con fuerza por una revisión hacia la baja, destacándose entre ellos el expresidente de la República y líder opositor, Leonel Fernández, quien ha calificado la retención de los precios como una exacción injustificada a las clases trabajadoras.
La tensión en el sector ya es evidente en las calles. Las presiones impositivas y las distorsiones en los márgenes de ganancias han llevado a situaciones extremas en la cadena de distribución nacional, tal como reportamos en nuestra cobertura sobre la decisión donde Anadegas retirará las terminales de pago electrónico en las estaciones de combustibles de la República Dominicana. Obligar a un sector a descapitalizarse mientras el Estado retiene los beneficios de la baja petrolera es una distorsión peligrosa para la paz social.
Desde la dirección de Noticias En Línea RD, fijamos una postura clara y firme: en un Estado de derecho se respetan las reglas de juego institucionales. Si la ley estipula que los precios internos indexan las variaciones del mercado internacional, el Gobierno dominicano está en la obligación moral y legal de cumplir con esa regla primero, traspasar la rebaja actual a las bombas de gasolina y punto. El cumplimiento de la normativa no puede ser una vía de un solo sentido que solo favorezca las arcas fiscales de los funcionarios de turno mientras asfixia de manera sistemática el presupuesto de las familias dominicanas.
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