SANTO DOMINGO, RD.– La mayoría mecánica del Partido Revolucionario Moderno (PRM) en el Senado de la República rechazó de forma contundente el proyecto de ley sometido por el legislador de la provincia La Romana, Eduard Espíritusanto, el cual proponía extender el período de vacatio legis de la Ley núm. 74-25 que instituye el nuevo Código Penal de la República Dominicana.
La iniciativa rechazada por el oficialismo tenía como único propósito ampliar el plazo legal para la entrada en vigencia de la reforma penal, sin alterar sus disposiciones sustantivas. El objetivo del aplazamiento era permitir una mayor adecuación institucional por parte de los operadores jurídicos, fortalecer la seguridad jurídica y facilitar la revisión técnica de una serie de observaciones neurálgicas que han formulado los especialistas y gremios del sector judicial dominicano.
Este pulso en la Cámara Alta se enmarca en una creciente ola de debate político e institucional. Precisamente sobre esta controvertida pieza, el partido de oposición ya se había manifestado con severidad, tal como detallamos en nuestro reporte donde la Fuerza del Pueblo advierte que el nuevo Código Penal amenaza la libertad de expresión y exige aplazar su vigencia, un reclamo que se alinea con la tesis de prudencia legislativa que naufragó este martes ante el bloque perremeísta.
Buscaban consenso y coherencia normativa
El senador de La Romana, Eduard Espíritusanto, sostuvo firmemente ante la sesión legislativa que su propuesta no perseguía de ninguna manera reabrir las álgidas discusiones sobre el contenido doctrinal del Código Penal ni modificar lo aprobado previamente por el Congreso Nacional, sino garantizar que una legislación de tanta trascendencia para la sociedad pudiera aplicarse con los mayores niveles de preparación y certeza jurídica.
Durante la sesión se recordó que actualmente reposan varias acciones directas de inconstitucionalidad sometidas ante el Tribunal Constitucional (TC) contra disposiciones específicas de la Ley núm. 74-25, sumado a las recomendaciones de jueces, académicos e instituciones de la sociedad civil que sugerían la idoneidad de disponer de una ventana temporal de adecuación para armonizar la normativa antes de su puesta en ejecución. Sin embargo, el PRM impuso su mayoría absoluta e impidió que la propuesta avanzara en la agenda del día.
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Se mantiene el plazo de aplicación
Tras consumarse el rechazo por parte del oficialismo, el senador Espíritusanto lamentó profundamente que la bancada del PRM desaprovechara una oportunidad de oro para generar consensos robustos con los sectores que componen el sistema judicial del país. El legislador reiteró que la prudencia debió prevalecer frente a un cambio normativo de tan amplio alcance para las libertades públicas. Con este fallo del Congreso, el plazo original se mantiene inalterable y la Ley núm. 74-25 entrará en vigor de manera oficial en los primeros días de agosto del 2026.