La decisión de ordenar un peritaje médico-legal a los servicios de Khersun y Deleste abre una nueva oportunidad para esclarecer los hechos. Ahora corresponde al Ministerio Público demostrar que su compromiso de llegar hasta las últimas consecuencias no tiene excepciones.
Por José Abreu
La investigación sobre el presunto entramado de corrupción administrativa en el Seguro Nacional de Salud (SeNaSa) no puede convertirse en un expediente de responsabilidades parciales, donde se examinen determinadas empresas y personas mientras otras menciones, relaciones comerciales y posibles conexiones quedan sin una explicación convincente.
Lo digo porque el país necesita respuestas. No discursos, no promesas de justicia y mucho menos investigaciones que parezcan avanzar dependiendo del nombre o la posición de quienes aparecen mencionados.
La reciente decisión del juez Deiby Timoteo Peguero, del Juzgado de la Instrucción del Distrito Nacional, de ordenar un peritaje médico-legal, documental, técnico y retrospectivo a los servicios prestados por Khersun, S.R.L. y Deleste, S.R.L., mediante los Puntos Médicos, constituye una diligencia relevante para determinar si las atenciones ofrecidas a los afiliados de SeNaSa se ejecutaron conforme a las modalidades contratadas y a las obligaciones asumidas por esas compañías.
La evaluación fue solicitada por la defensa del empresario Eduardo Read Estrella y el tribunal designó al doctor Alejandro Fonseca Granda como perito, con un plazo de 30 días a partir de su juramentación para presentar el dictamen.
Debo subrayar algo: esta decisión no representa una declaración de inocencia ni de culpabilidad. Es una diligencia probatoria que permitirá examinar documentación y servicios cuya ejecución ha sido cuestionada. Precisamente por eso, sus resultados deben ser conocidos y valorados con rigor.
Pero aquí surge una pregunta que considero indispensable: ¿se está investigando con la misma profundidad a todos los actores empresariales que aparecen relacionados o mencionados en las distintas líneas de este caso?
Yeni Berenice y Wilson Camacho tienen una responsabilidad ante el país
La procuradora general de la República, Yeni Berenice Reynoso, y el titular de la Procuraduría Especializada de Persecución de la Corrupción Administrativa, Wilson Camacho, han asumido públicamente el compromiso de perseguir la corrupción y llevar ante los tribunales a quienes resulten responsables.
Por eso les corresponde demostrar que ese compromiso se aplica a todos por igual.
En ese contexto, considero necesario que el Ministerio Público esclarezca las menciones y posibles vínculos atribuidos a Reymond Rodríguez y al Grupo de Farmacias GBC dentro de las informaciones relacionadas con el caso SeNaSa.
No estoy afirmando que una mención equivalga a culpabilidad, ni que una relación comercial constituya por sí misma un delito. Estoy reclamando que cualquier señalamiento sustentado, operación contractual, relación empresarial o transacción que pueda tener relevancia para la investigación sea examinada, documentada y explicada por las autoridades.
Si existen elementos que justifiquen nuevas diligencias, que se practiquen. Si hay evidencias suficientes para presentar imputaciones, que se proceda conforme a la ley. Y si no las hay, que también se establezca con claridad.
Lo que no puede ocurrir es que el país tenga que conformarse con interrogantes sin respuesta mientras se anuncian grandes compromisos de persecución contra la corrupción.
La investigación no puede detenerse en los primeros imputados
El expediente de SeNaSa involucra a personas que han ocupado posiciones de responsabilidad pública y empresarial. La dimensión de las denuncias exige examinar no solamente las decisiones administrativas, sino también los contratos, los pagos, los servicios facturados, los beneficiarios y las empresas que pudieron intervenir en las operaciones bajo investigación.
Cada peso del presupuesto de la seguridad social tiene un propósito: proteger la salud de los afiliados. Si ese dinero fue utilizado irregularmente, el país tiene derecho a saber quién lo autorizó, quién lo recibió, qué servicio se prestó y quién debe responder ante la justicia.
También es indispensable que las investigaciones respeten el debido proceso y la presunción de inocencia. La lucha contra la corrupción no puede construirse sobre condenas anticipadas, filtraciones interesadas ni acusaciones sin sustento. Debe sostenerse sobre pruebas, peritajes, auditorías y decisiones judiciales.
Por eso, exhorto a Yeni Berenice Reynoso y a Wilson Camacho a que mantengan el compromiso de investigar todas las líneas que tengan fundamento, incluidas aquellas que involucren a otros actores empresariales mencionados en el contexto de este caso.
Que se investigue a Eduardo Read Estrella, a las empresas vinculadas a los contratos bajo examen y a cualquier otra persona o entidad respecto de la cual existan elementos verificables. Que se esclarezca también lo relativo a Reymond Rodríguez y al Grupo de Farmacias GBC, si existen fundamentos para hacerlo.
Mi posición es clara: La justicia no puede tener nombres intocables, pero tampoco puede fabricar culpables. Debe actuar con independencia, objetividad y el mismo rigor para todos.