SANTO DOMINGO.– El acceso a un techo seguro y adecuado sigue siendo una de las deudas sociales más críticas en el país. Actualmente, el 60 % de los hogares dominicanos enfrenta serias dificultades para acceder a una vivienda digna, una realidad que pone en evidencia las profundas brechas de desigualdad y las limitaciones del mercado inmobiliario y estatal actual.
Esta problemática afecta de manera directa a la calidad de vida de millones de ciudadanos, quienes se ven obligados a residir en condiciones de hacinamiento, en zonas de alta vulnerabilidad ambiental o en estructuras que no cumplen con los estándares mínimos de seguridad y habitabilidad.
Programas habitacionales no logran responder a los sectores más pobres
A pesar de los esfuerzos estatales y las iniciativas de desarrollo urbano implementadas en los últimos años, el impacto real en la reducción del déficit habitacional dominicano sigue siendo insuficiente. Diversos funcionarios y especialistas del sector reconocen que los programas habitacionales vigentes no logran responder a las necesidades de los sectores más pobres de la población.
Las dinámicas actuales de financiamiento y los proyectos de vivienda de bajo costo promovidos mediante alianzas público-privadas suelen exigir niveles de ingresos formales y bancarización que resultan inalcanzables para las familias que subsisten en la informalidad económica. Como consecuencia, los subsidios y facilidades de adquisición terminan beneficiando a la clase media-baja, dejando desprotegidos a los núcleos familiares en situación de extrema pobreza.
Las barreras que impiden reducir el déficit habitacional en RD
Especialistas en desarrollo urbano y políticas públicas coinciden en que el encarecimiento de los materiales de construcción, la especulación del suelo urbano y la falta de un enfoque de vivienda social subsidiada al 100 % por el Estado son los principales obstáculos para revertir esta tendencia.
Para que los hogares dominicanos de menores ingresos puedan salir de la vulnerabilidad, los analistas sugieren que las políticas públicas deben reorientarse hacia esquemas de alquiler social regularizado, mejoramiento de entornos comunitarios y programas de construcción pública directa dirigidos exclusivamente a las familias situadas en los quintiles de ingresos más bajos del país.
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