La PEPCA abre una nueva fase contra profesionales y prestadores, pero la investigación todavía debe seguir la ruta de contratos, pagos, proveedores y cadenas farmacéuticas señaladas públicamente.
Por José Abreu
Director de Noticias En Línea RD
Santo Domingo, RD.– Los allanamientos desplegados este viernes por la Procuraduría Especializada de Persecución de la Corrupción Administrativa (PEPCA) no surgen en un vacío informativo. Representan un giro dentro de una investigación cuya profundización fue reclamada durante meses por Noticias En Línea RD, mediante una serie de publicaciones, editoriales y contenidos audiovisuales sobre SeNaSa, Operación Cobra 2.0, Onco-14 y Medicar GBC.
Desde este medio advertimos reiteradamente que el expediente no podía detenerse en los primeros imputados ni quedar atrapado entre promesas, silencios institucionales y filtraciones selectivas. Solicitamos que las autoridades siguieran la ruta del dinero, investigaran a los prestadores y examinaran las relaciones comerciales entre el Estado, los suplidores y las cadenas farmacéuticas que concentraron operaciones millonarias.
Hoy, la entrada de la PEPCA a diferentes centros de salud y la detención de varios médicos parecen confirmar que el órgano persecutor comenzó a examinar una capa más amplia del presunto entramado.
Sin embargo, los operativos solo constituyen el principio. El verdadero alcance de “SeNaSa 2.0” dependerá de que la investigación no se limite a médicos y prestadores secundarios, sino que llegue hasta quienes autorizaron los servicios, procesaron las facturas, aprobaron los contratos, entregaron los insumos y medicamentos y recibieron los mayores desembolsos.
Una línea de investigación sostenida por Noticias En Línea RD
Noticias En Línea RD ha publicado una de las series editoriales más constantes sobre las investigaciones vinculadas al Seguro Nacional de Salud.
En el editorial “La impunidad no puede ser el destino de la Operación Cobra 2.0”, publicado el 2 de junio de 2026, este medio reclamó la reactivación de todas las líneas investigativas y destacó la denuncia formal depositada ante la Procuraduría por el abogado Miguel Surún Hernández.
En esa publicación se planteó la necesidad de investigar la ruta financiera y las contrataciones relacionadas con Medicar GBC y su presidente ejecutivo, identificado en las denuncias como Raymond Rodríguez.
Tres días después, en el editorial “La promesa pendiente del SeNaSa 2.0”, volvimos a colocar en el centro del debate la dimensión humana del presunto desfalco, recordando que detrás de cada peso destinado a la salud existen pacientes que dependen de medicamentos, diagnósticos y tratamientos oportunos.
A esas publicaciones se sumaron:
“El hilo conductor de la impunidad: de la Operación Cobra al Oncológico del Cibao”.
“El canibalismo de la salud: SeNaSa y las redes que comerciaban con la muerte”.
“El dolor de las madres dominicanas y la promesa pendiente del SeNaSa 2.0”.
Esta hemeroteca evidencia que los allanamientos no deben observarse como un acontecimiento aislado, sino como parte de un expediente sobre el cual existían denuncias, cuestionamientos y solicitudes públicas de investigación.
Lo confirmado y lo que todavía debe probarse
La información disponible confirma que la PEPCA realizó allanamientos simultáneos relacionados con presuntas irregularidades en SeNaSa y que varios médicos fueron detenidos.
Todavía no se han informado oficialmente sus identidades, la cantidad definitiva de personas bajo custodia, las clínicas intervenidas ni los cargos que eventualmente presentará el Ministerio Público.
Por esa razón, sería prematuro atribuir responsabilidad penal a las personas intervenidas. Un allanamiento, una detención o una solicitud de investigación no equivalen a una condena.
La PEPCA tendrá que presentar las evidencias ante los tribunales y demostrar cuál habría sido la participación individual de cada investigado.
Un posible fraude sanitario necesita una cadena
Un esquema de fraude contra una administradora de riesgos de salud difícilmente podría funcionar mediante la actuación aislada de varios profesionales.
Dependiendo de la modalidad investigada, sería necesaria una cadena compuesta por diagnósticos, indicaciones médicas, autorizaciones, expedientes clínicos, reclamaciones, facturación, auditorías, contratos, proveedores y desembolsos.
La investigación deberá determinar si existieron:
Servicios médicos inexistentes o nunca realizados.
Procedimientos inflados o duplicados.
Autorizaciones obtenidas irregularmente.
Medicamentos facturados, pero no entregados.
Expedientes clínicos manipulados.
Prestadores utilizados para canalizar operaciones.
Funcionarios que aprobaron pagos sin los controles correspondientes.
Empresas que recibieron fondos sin cumplir las condiciones contractuales.
Los documentos contables, expedientes y dispositivos electrónicos incautados deberán ser contrastados con las bases de datos de SeNaSa para reconstruir cada operación.
El dinero debe ser el hilo conductor
No bastará con establecer quién indicó o certificó un procedimiento. La pregunta fundamental es: ¿quién recibió el dinero?. Continuaremos…
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