Por: José Abreu (Periodista y director de Noticias en Línea RD)
El periodismo de investigación tiene la obligación de conectar los puntos donde el poder y la corrupción intentan colocar barreras de humo. Hoy, al presentar la séptima entrega de esta serie editorial en Noticias en Línea RD, el panorama de la salud pública dominicana no solo es alarmante; es profundamente desgarrador. Lo que comenzó como la investigación de un fraude colosal en el Seguro Nacional de Salud (SeNaSa) bajo la Operación Cobra, ha encontrado su gemelo de impunidad y crueldad en Santiago con la reciente Operación Onco 14, destapando un desfalco de más de RD$3,700 millones de pesos en el Instituto Oncológico Regional del Cibao (IORC).
El hilo conductor de estas tragedias financieras y humanas es idéntico: una red periférica de complicidad empresarial que comercia con la vida, el dolor y la muerte de los estratos socioeconómicos más vulnerables de nuestra nación.
El “modus operandi” del canibalismo sanitario
No se trata de hechos aislados, sino de un patrón criminal corporativo perfectamente estructurado. A finales de 2025, la Operación Cobra sepultó la gestión del exdirector de SeNaSa, Santiago Hazim, tras revelarse —bajo confesión de tres imputados en los tribunales— la entrega de más de 1,000 millones de pesos en efectivo en sobornos directos a Hazim y a su consultor jurídico, Germán Robles. Esa red orquestó un sistema industrial de facturación fantasma: cobros por quimioterapias nunca aplicadas, cirugías inexistentes y diálisis facturadas a nombre de personas fallecidas.
Hoy, la Operación Onco 14 replica con precisión quirúrgica esa misma podredumbre. La querella formal de SeNaSa contra tres exdirectivos del Oncológico del Cibao demuestra cómo se llegó al extremo inhumano de privatizar habitaciones públicas cubiertas por el Estado para cobrarlas de manera directa a los pacientes por sumas de entre RD$3,500 y RD$5,000 por noche. Mientras la mafia corporativa desviaba miles de millones de pesos destinados originalmente al tratamiento del cáncer, los enfermos terminales de escasos recursos eran obligados a recibir quimioterapias amontonados en pasillos y salas de emergencia.
[OPERACIÓN COBRA (SeNaSa)] [OPERACIÓN ONCO 14 (IORC) ]
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Facturas por servicios fantasma Privatización de camas públicas
y sobornos de RD$1,000 millones. y desfalco de RD$3,700 millones.
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Militancia de redes periféricas:
Clínicas, Laboratorios y Farmacias.
La red periférica: El brazo ejecutor que la justicia debe alcanzar
Mover más de 15,000 millones de pesos en el entramado de SeNaSa o desviar RD$3,700 millones en el Oncológico del Cibao requiere obligatoriamente de la colusión de terceros prestadores de servicios de salud. La impunidad persistirá si la Procuraduría Especializada de Persecución de la Corrupción Administrativa (Pepca), liderada por Wilson Camacho y Mirna Ortiz, limita sus allanamientos a los funcionarios o directores de turno.
El verdadero lavado de activos y el desfalco mecánico ocurren en los escritorios de la red externa: laboratorios clínicos, clínicas privadas y consorcios de farmacias que validaron, procesaron y cobraron este millonario fraude. Es allí donde el debate sobre la transparencia golpea con fuerza. Gigantes comerciales como la cadena de farmacias Medicar GBC —con más de 180 sucursales y ventas declaradas superiores a los RD$70 mil millones en los últimos siete años— enfrentan hoy el cuestionamiento público y la solicitud de inclusión en las pesquisas debido a la aceptación de coberturas cruzadas con intermediarias financieras fuertemente salpicadas en el expediente del SeNaSa.
Resulta una contradicción sistémica insostenible que el Estado dominicano mantenga esquemas de compra en el último escalón de la cadena comercial, pagando precios de detallista a grandes emporios, mientras las farmacias comunitarias y boticas populares luchan por abastecerse de forma competitiva. Cada centavo invertido en la salud del pueblo debe ser auditado de forma rigurosa y penalmente agresiva.
Hacia la versión “SeNaSa 2.0”
El aplazamiento de la medida de coerción en la Oficina Judicial de Servicios de Atención Permanente de Santiago abre una ventana crítica. La ciudadanía no busca discursos retóricos ni promesas de campaña; exige que el Ministerio Público cumpla su palabra empeñada. Wilson Camacho ha anunciado que se trabaja de manera continua para presentar en el menor tiempo posible la versión “SeNaSa 2.0” de la Operación Cobra. Esta ampliación penal debe ser el golpe definitivo que desmantele los laboratorios y farmacias cómplices que actuaron como el soporte financiero de estas mafias.
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Detrás de cada cifra millonaria ventilada en los tribunales hay un rostro humano. Hay madres dominicanas que perdieron la vida o vieron partir a sus hijos por falta de medicamentos esenciales que fueron robados para alimentar entramados criminales. La salud del pueblo no puede seguir siendo el negocio de unos pocos. Exigimos justicia hasta las últimas consecuencias, sin importar apellidos, influencias ni sectores económicos. Cada peso recuperado de la corrupción representa una quimioterapia a tiempo, una cama digna en un hospital y una vida salvada.
