SANTO DOMINGO, RD.– Los conductores dominicanos enfrentarán un serio revés al momento de abastecerse de combustibles. La Asociación Nacional de Detallistas de Gasolina (Anadegas) anunció de manera oficial que desconectará el servicio de verifón el próximo 25 de septiembre en sus 780 estaciones afiliadas. La medida representa una nueva escalada en un conflicto que se remonta al mes de julio. En ese entonces, el gremio había anunciado un retiro similar, pero suspendió la acción para dar paso a un diálogo que hoy parece agotado.
La disputa gira en torno a las elevadas comisiones aplicadas por el uso de los terminales de pago electrónico. El presidente de Anadegas, Juan Elías Pérez, afirmó categóricamente que para los detallistas resulta insostenible continuar entregando el 27% de sus beneficios brutos a las empresas financieras proveedoras del servicio.
Un diálogo sin frutos definitivos
A pesar de las mesas de mediación encabezadas por el Ministerio de Industria, Comercio y Mipymes (MICM) y el Instituto Nacional de Protección de los Derechos del Consumidor (Pro Consumidor), las negociaciones no han dejado soluciones concretas. Anadegas asegura haber respetado la tregua acordada en julio, pero advierte que el plazo para sincerar los costos de transacciones está por vencer.
De ejecutarse el apagón de verifones, las estaciones afiliadas solo recibirán dinero en efectivo u otros medios de pago alternativos que dispongan de manera interna. Esto generará largas filas, contratiempos logísticos y una notable reducción en los puntos de venta habilitados para transacciones con tarjetas de crédito y débito a nivel nacional.
Alerta para los consumidores
Para el ciudadano común, el impacto será directo en el bolsillo y la seguridad personal. Obligará a los conductores a portar altas sumas de efectivo para llenar sus tanques, incrementando el riesgo de asaltos en las vías públicas. Por su parte, sectores comerciales temen que el flujo de ventas disminuya significativamente ante la falta de flexibilidad en los cobros.
El desenlace de esta crisis eléctrica y financiera comercial depende de un acuerdo de último minuto entre la banca comercial y los detallistas, bajo la tutela del Gobierno Dominicano, antes de que se cumpla la fecha límite fijada.
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