Redacción Noticiasenlineard
La Tercera Sala de la Suprema Corte de Justicia (SCJ) ha dictado un fallo de alto impacto para la administración pública dominicana, al ordenar de manera definitiva a la Dirección General de Contrataciones Públicas (DGCP) el reintegro inmediato de la servidora de carrera Rosa Euris Ramírez Feliz de Cuello, así como el pago de la totalidad de sus salarios vencidos y otros derechos laborales acumulados tras haber sido desvinculada de forma ilegal.
Mediante la sentencia número SCJ-TS-26-1522, emitida el pasado 31 de julio de 2026, el alto tribunal de la República rechazó formalmente el recurso de casación que había sido interpuesto por la institución estatal. Con esta acción, la Suprema Corte ratificó en todas sus partes la decisión número 0030-03-2025-SSEN-00635, la cual había sido dictada el 19 de diciembre de 2025 por la Segunda Sala del Tribunal Superior Administrativo (TSA).
El dictamen original del tribunal administrativo había declarado la nulidad absoluta de la desvinculación ejecutada por la DGCP el 4 de marzo de 2024. En consecuencia, dispuso que Ramírez Feliz de Cuello sea reincorporada a sus funciones habituales dentro de la División de Correspondencia y Archivo, o en su defecto, en un cargo de igual equivalencia jerárquica con el sueldo mensual correspondiente de RD$65,000.00. Asimismo, la resolución judicial contempla el pago obligatorio de RD$59,990.77 a favor de la afectada por concepto de vacaciones que no fueron disfrutadas durante el año 2023.
Tras conocerse la ratificación de la Suprema Corte, la defensa legal de la servidora pública, asumida por la destacada abogada Yulibelys Wandelpool Ramírez de la firma Lextratega Servicios de Consultoría, procedió a notificar formalmente el requerimiento de cumplimiento a la entidad gubernamental. El monto económico reclamado por salarios caídos y prestaciones asciende a la fecha a un total de RD$2,953,640.17, una cifra millonaria que continuará incrementándose progresivamente cada día hasta que la institución ejecute de manera física el reingreso.
En las consideraciones legales del histórico fallo, los magistrados de la Suprema Corte determinaron con firmeza que la nulidad de una desvinculación restablece de inmediato el estado jurídico previo al acto administrativo. De igual forma, el tribunal descartó los argumentos de la DGCP y negó que el TSA incurriera en un exceso de poder, concluyendo que los jueces actuaron bajo el estricto marco del control jurisdiccional de la legalidad, blindando así los derechos de los servidores públicos de carrera.
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