PEDRO BRAND.— La muerte a tiros de Rayde Antonio Rodríguez, de 28 años, en medio de una protesta contra la supuesta instalación de un vertedero en La Cuaba, vuelve a colocar sobre la mesa una pregunta que las autoridades no pueden dejar pasar: ¿cómo una comunidad que reclama por el futuro de su territorio termina enfrentando una tragedia que enluta a una familia?
La Cuaba no estaba protestando por un asunto menor.
Los moradores habían salido a la vía pública para expresar su rechazo a la supuesta instalación de un vertedero en la zona, colocando objetos y palos para bloquear la calle principal como mecanismo de presión y hacer visible su inconformidad.
Pero en medio de ese escenario de tensión ocurrió lo que nunca debería convertirse en parte de una protesta social: un hombre terminó muerto de un disparo y otro resultó herido.
Rodríguez recibió un impacto de bala en el rostro mientras se encontraba en la zona a bordo de un jeep blanco. Fue trasladado de emergencia al Hospital Dr. Vinicio Calventi, en Los Alcarrizos, pero murió posteriormente debido a la gravedad de la herida.
También resultó herido Yhonny Martínez Flores, de 36 años, quien recibió asistencia médica.
La Policía Nacional informó que busca a uno o varios desconocidos señalados como presuntos responsables del hecho.
Y precisamente ahí comienza una parte fundamental de esta historia.
Una protesta no puede convertirse en una sentencia de muerte
En una sociedad democrática, las comunidades tienen derecho a reclamar.
Tienen derecho a cuestionar proyectos que consideren perjudiciales para su entorno, a exigir explicaciones a las autoridades y a pedir que sus preocupaciones sean escuchadas.
También tienen derecho a manifestarse.
Pero ese derecho no puede confundirse con violencia, al igual que el malestar de una comunidad tampoco puede ser ignorado hasta que una situación termine fuera de control.
Lo ocurrido en La Cuaba obliga a mirar ambas realidades.
Por un lado, está una comunidad que protesta ante lo que considera una amenaza para su entorno.
Por otro, está una situación que terminó en una confrontación con armas de fuego y dejó una persona muerta.
El resultado es devastador.
Una familia perdió a uno de sus integrantes y otra persona terminó herida.
Y todo esto ocurre alrededor de un conflicto que, en principio, debería resolverse mediante diálogo, transparencia, estudios técnicos y decisiones institucionales.
¿Qué está pasando con el supuesto vertedero?
Aquí aparece otra interrogante que las autoridades competentes deben responder con claridad.
¿Qué proyecto se pretende instalar en La Cuaba y cuáles son las garantías para la comunidad?
Si existe una iniciativa para establecer un vertedero, los moradores tienen derecho a conocer quién la impulsa, cuáles son sus estudios ambientales, cuáles serían sus consecuencias y qué mecanismos de supervisión existirían.
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