Santo Domingo.– El pleno de la Junta Central Electoral (JCE) asestó un duro golpe a la estrategia interna del Partido de la Liberación Dominicana (PLD) al decidir unánimemente que no prestará los equipos tecnológicos ni los sistemas de votación automatizada solicitados por la organización para la realización de su proceso interno fijado para el próximo domingo 18 de octubre.
El órgano de caminos democráticos argumentó que el evento convocado por el partido de la estrella amarilla carece de un marco legal sustentable. Al tratarse de una figura denominada “consulta popular” orientada a evaluar simpatías presidenciales, el pleno puntualizó que el proceso no está amparado ni contemplado en la Ley No. 33-18 de Partidos, Agrupaciones y Movimientos Políticos, ni en la Ley No. 20-23 Orgánica del Régimen Electoral, por lo que la institución está impedida de comprometer recursos y activos logísticos del Estado.
El dilema del PLD ante una consulta sin blindaje institucional
La negativa de la JCE expone las vulnerabilidades organizativas y jurídicas de la dirección peledeísta en su intento por legitimar un proceso de selección adelantada. Al bautizar la elección como una “consulta de simpatía” para evadir las prohibiciones legales sobre los tiempos de campaña, el partido morado terminó entrampado en su propia retórica: el arbitraje electoral les recordó formalmente que las instituciones públicas solo pueden actuar bajo el principio de legalidad estricta.
La cúpula de la organización ratificó de inmediato que mantendrá inalterable la convocatoria para el 18 de octubre. Sin embargo, prescindir del soporte de la JCE coloca al PLD ante un complejo escenario de riesgos:
Deberán improvisar un sistema manual o adquirir plataformas privadas de conteo, elevando sustancialmente los costos económicos del proceso.
Al ser juez y parte del conteo, la dirección del partido asume la total responsabilidad de la transparencia del proceso, lo que incrementa el peligro de fricciones y cuestionamientos entre las facciones de los distintos aspirantes presidenciales.
Los resultados de dicha consulta seguirán careciendo de un carácter vinculante formal ante la ley electoral dominicana, abriendo la posibilidad de impugnaciones internas difíciles de dirimir en los tribunales ordinarios.
Con este panorama, la consulta de octubre pasa de ser una demostración de fuerza interna a convertirse en una prueba de fuego de supervivencia organizativa, donde el PLD tendrá que demostrar que cuenta con la madurez institucional interna para arbitrarse a sí mismo sin la fiscalización tecnológica del Estado dominicano.
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