Por: José Abreu (Periodista y director de Noticias en Línea RD)
Es el momento propicio para reflexionar sobre una realidad dolorosa que afecta directamente al corazón de miles de hogares en nuestra nación: el impacto devastador de la corrupción en el sistema de salud pública.
Detrás de cada cifra de los desfalcos millonarios que se ventilan en los tribunales, existen rostros humanos. Cientos de madres dominicanas, pertenecientes a los estratos socioeconómicos más vulnerables, perdieron la vida o vieron partir a sus hijos debido a la falta de medicamentos esenciales, diagnósticos tardíos y un servicio deficiente. Estas tragedias silenciosas ocurren cuando los recursos destinados a garantizar el derecho constitucional a la salud son presuntamente desviados para alimentar entramados criminales.
El caso SeNaSa y el entramado bajo la lupa
La sociedad dominicana sigue con atención los desarrollos de la Operación Cobra, liderada por la Procuraduría Especializada de Persecución de la Corrupción Administrativa (Pepca). De acuerdo con las acusaciones del Ministerio Público, encabezado en esta línea por los procuradores Wilson Camacho y Mirna Ortiz, se investiga un presunto fraude colosal contra el Seguro Nacional de Salud (SeNaSa) que supera los 15 mil millones de pesos, un dinero que pertenecía al cuidado de los más necesitados.
Dentro de las pesquisas que constan en los expedientes de la investigación, las autoridades han puesto bajo escrutinio los procesos de facturación y contratación de diversos suplidores y redes de servicios. El órgano persecutor ha señalado la existencia de un esquema complejo que incluía la presentación a cobro de grandes volúmenes de facturas que carecían de las debidas indicaciones médicas, debilitando la estructura financiera de la ARS estatal.
Un monopolio bajo cuestionamiento editorial
Resulta una contradicción sistémica insostenible que, mientras las farmacias comunitarias y el sistema de boticas populares luchan por abastecerse directamente de los fabricantes e importadores a precios competitivos, el Estado dominicano mantenga esquemas de compra en el último escalón de la cadena comercial, pagando precios de detallista.
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Empresas de gran envergadura como la cadena de farmacias Medicar GBC, fundada en 1996 por Raymond Rodríguez y Carmen Rodríguez, manejan hoy una red que supera las 180 sucursales y reporta ventas superiores a los RD$70 mil millones en los últimos siete años. Si bien la empresa defiende su crecimiento basado en la innovación, el pago de miles de millones en impuestos y una visión de auxilio a los sectores de menores ingresos, el debate público se centra en la transparencia de los contratos de provisión de fármacos al sector público. La aceptación de coberturas cruzadas con intermediarias financieras fuertemente cuestionadas en el expediente del SeNaSa obliga a las autoridades a auditar con rigurosidad cada centavo invertido en la salud del pueblo.
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