SANTO DOMINGO, República Dominicana.– La Fiscalía de San Cristóbal y el Ministerio Público mantienen bajo investigación las circunstancias que rodearon la detención y el posterior fallecimiento del ciudadano Miguel Antonio Valenzuela, de 44 años. El caso ha generado cuestionamientos jurídicos debido a que el occiso permaneció recluido durante cinco días en el Destacamento de la Compañía 17 de San Cristóbal, excediendo el plazo legal de 48 horas establecido de forma taxativa en el artículo 40, inciso 5 de la Constitución de la República Dominicana.
Valenzuela fue apresado la tarde del pasado 8 de julio de 2026 por patrullas de la Policía Nacional, bajo la imputación penal de realizar rifas clandestinas utilizando un dispositivo electrónico de transacciones (verifone). De acuerdo con las declaraciones de los querellantes, tras cumplirse el periodo de retención irregular en la celda de la uniformada, el detenido fue entregado a sus parientes con serios problemas de salud, siendo trasladado de emergencia a un centro hospitalario local donde se confirmó su deceso pocas horas después.
Contradicciones médicas en el expediente
El proceso investigativo enfrenta profundas contradicciones técnicas en torno a las causas biológicas de la muerte. El informe oficial de la autopsia médico-legal practicada por el Instituto Nacional de Ciencias Forenses (INACIF) certifica provisionalmente que el fallecimiento de Valenzuela fue provocado por complicaciones derivadas de leptospirosis.
Sin embargo, los representantes legales de la familia depositaron ante los fiscales un certificado de análisis clínico emitido por un laboratorio privado de alta credibilidad, cuyos resultados inmunológicos descartan de manera absoluta que la víctima padeciera de dicha enfermedad bacteriana al momento de ingresar al recinto hospitalario.
Manifestación y denuncia ante la Procuraduría
Ante la falta de claridad en los diagnósticos, familiares, allegados y organizaciones comunitarias de San Cristóbal escenificaron una manifestación pacífica frente a la sede central de la Procuraduría General de la República (PGR) en Santo Domingo. Los manifestantes, fuertemente vigilados por un contingente de la fuerza pública, depositaron formalmente una denuncia por presunto abuso policial y negligencia bajo custodia, exigiendo la identificación y sanción de las autoridades administrativas del destacamento.
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La Fiscalía del municipio cabecera de San Cristóbal sostuvo una reunión de trabajo con los parientes de la víctima para coordinar el levantamiento de nuevos testimonios y peritajes científicos en las celdas de reclusión. El caso coloca nuevamente bajo evaluación los protocolos de las labores de patrullaje y el cumplimiento de las garantías constitucionales del debido proceso penal por parte del personal de la uniformada durante las fases de detención preventiva.
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