SANTO DOMINGO, República Dominicana.– El Senado de la República aprobó de urgencia y en dos lecturas consecutivas el proyecto de ley que introduce modificaciones críticas al nuevo Código Penal de la República Dominicana [INDEX]. La Cámara Alta decidió no dilatar más el proceso, asumiendo de manera íntegra el texto remitido por la Cámara de Diputados, cuyos legisladores habían modificado previamente un total de 40 artículos de la pieza [INDEX].
La aprobación se materializó “de pie” por la mayoría de los senadores presentes en la sesión extraordinaria, quienes rechazaron de plano la inclusión de nuevas enmiendas o debates extensos para acelerar la validación normativa [INDEX]. Con esta sanción legislativa, el Congreso Nacional cierra el ciclo de reformas de urgencia y remite la pieza de manera inmediata al Poder Ejecutivo para su correspondiente promulgación por parte del presidente Luis Abinader, garantizando su aplicación antes de la fecha límite establecida.
Un blindaje contra la “Ley Mordaza” y ajustes técnicos
El paquete de 40 modificaciones ratificado por el Senado responde de manera directa al súper consenso político y social alcanzado en las últimas semanas para corregir artículos que amenazaban de forma previa la libertad de expresión, la libertad de prensa y el derecho a la información en los entornos digitales. Entre los cambios más trascendentales se encuentran precisiones quirúrgicas en los tipos penales de ciberbullying (Artículo 123), difamación (Artículo 208) y el delito de ultraje (Artículo 310), eliminando las ambigüedades jurídicas que limitaban la fiscalización periodística.
Asimismo, la reforma bicameral introdujo el criterio de “interés público legítimo” en el artículo 192, regulando la difusión de audios e imágenes sin consentimiento para blindar el periodismo de investigación. En el plano social y familiar, la pieza ajustó el régimen sancionador para los delitos de acoso agravado, bullying escolar y el abandono de niños, niñas y adolescentes, además de endurecer las penas contra la malversación de fondos públicos y la corrupción administrativa en el artículo 303. El Congreso cumple así con el compromiso de entregar un Código Penal fortalecido técnicamente y alineado con los dictámenes del Tribunal Constitucional.
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