Santo Domingo.– El jurista y expresidente del Colegio de Abogados de la República Dominicana, Surún Hernández, lanzó una gravísima acusación contra el Ministerio Público, afirmando que el órgano persecutor está implementando una estrategia de encubrimiento y selectividad dentro de los expedientes de la Operación SeNaSa 2.0 (Operación Cobra). Hernández, quien figura como querellante formal en el proceso, denunció que la fiscalía mantiene bajo un manto de impunidad a los empresarios y altos exfuncionarios que firmaron los contratos más lesivos para el Estado, concentrándose únicamente en someter a prestadores menores.
Según las declaraciones del togado, las pesquisas de la Procuraduría Especializada de Persecución de la Corrupción Administrativa (PEPCA) están ignorando de forma deliberada el destino de casi 5,000 millones de pesos desfalcados a la administradora de riesgos de salud estatal. Hernández advirtió con vehemencia que el actual proceso judicial parece diseñado con el único objetivo de “cubrir a los verdaderos responsables”, dejando fuera a figuras clave de la alta esfera corporativa.
Con nombres y apellidos: Los intocables de los contratos millonarios
El querellante desafió la objetividad del director de Persecución, Wilson Camacho, emplazándolo públicamente a responder por qué no han sido procesados los firmantes de los contratos macro que desangraron a SeNaSa:
Surún cuestionó de forma directa la ausencia en los tribunales de Alfredo Oscar, quien suscribió el contrato de la empresa Farmacard por un monto astronómico de 1,200 millones de pesos.
Exigió el sometimiento inmediato de Pablo Ortiz Giráldez, a quien señala como el estratega que gestó e impulsó el entramado delictivo.
La conexión corporativa: Denunció que las autoridades no han tocado a Lowell Fernández, representante legal de la empresa Deleste, ni a los demás beneficiarios finales que recibieron los desembolsos millonarios.
“Lamentablemente, según lo que nosotros sentimos y siente una parte importante de esta sociedad, este proceso tiene como único objetivo cubrir a los verdaderos responsables, que son los que defalcaron a SeNaSa… Estos reos estafaron, pero el que defalcó con miles de millones de pesos, decenas de millones de pesos, está en su casa muerto de la risa”, puntualizó con indignación el abogado penalista.
El fantasma de una investigación fragmentada
Se recuerda que La Convergencia Nacional contra el Robo de la seguridad Social y la Fundación Primero Justicia acudieron a la Procuraduría General de la República para incluir en las investigaciones del desfalco a ARD Senasa, a la Farmacia GBC, su propietario Reymon Rodríguez, así como a los Dres. Jesús Feris Iglesias y Miguel Ceara Haton, quienes en sus funciones de Superintendentes de la Superintendencia de Salud y Riesgo Laborales, hicieron caso omiso a los informes que apuntaban a un desfalco colosal en la dicha ARS Estatal, que ya ronda los 41mil millones de pesos.
Las denuncias de Surún Hernández tocan una fibra sensible en el sistema de justicia dominicano. El expediente general de SeNaSa, que según datos filtrados abarca auditorías a los pagos realizados a prestadoras como Khersum, Farmacard y Deleste bajo la gestión del exdirector Santiago Hazim, apunta a una estructura criminal de cuello blanco que movilizó miles de millones de pesos en sobornos y sobrefacturaciones.
Sin embargo, el despliegue de la nueva fase ejecutada el pasado 18 de septiembre, que incluyó 37 allanamientos y la solicitud de medida de coerción contra 25 personas (médicos, farmacéuticos y empleados de rango medio), contrasta drásticamente con la parálisis judicial que rodea a los firmantes de los contratos principales. Para la opinión pública, fragmentar la investigación para procesar únicamente el fraude de las “consultas falsas” y dejar intacta la estructura corporativa de los miles de millones, debilita el discurso de persecución contra la corrupción y da fuerza a la tesis de que en el país se sigue protegiendo a los intocables del poder económico.
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