Implicadas en el caso Senasa 2.0 mientras eran trasladadas a la sala de audiencias en la que escucharon el dictamen del juez Rigoberto Sena la noche del domingo 27 de septiembre, Glauco Moquete/LD
Santo Domingo.– El Ministerio Público sufrió un revés parcial en sus pretensiones de encarcelamiento masivo. El juez Rigoberto Sena, titular de la Oficina Judicial de Servicios de Atención Permanente del Distrito Nacional, desestimó la solicitud de prisión preventiva generalizada de la Procuraduría Especializada de Persecución de la Corrupción Administrativa (PEPCA), disponiendo que únicamente 8 de los 26 imputados en la Operación SeNaSa 2.0 (Operación Cobra) cumplan reclusión en centros penitenciarios.
A pesar de que el órgano acusador estructuró un voluminoso expediente imputando a la red un fraude que supera los 40 millones de pesos mediante la falsificación de consultas y recetas médicas, el magistrado optó por fragmentar la severidad de las medidas. El dictamen judicial otorgó el beneficio del arresto domiciliario a nueve de los encartados, mientras que a seis se les impusieron medidas no privativas de libertad consistentes en garantía económica, impedimento de salida del país y presentación periódica. En una estocada final a la tesis fiscal, dos de los involucrados fueron puestos en libertad absoluta sin ningún tipo de restricción judicial.
El desglose de los enviados a la cárcel
De los ocho procesados que recibieron la imposición de prisión preventiva por un periodo de 18 meses, el tribunal ordenó su distribución en dos recintos del sistema penitenciario:
En Najayo Mujeres cumplirán la medida las imputadas Isabel Heredia Vallejo, Laura Altagracia Santana, Elsa Evelyn de la Rosa Vásquez y Evangelista Hanna Rashell Rodríguez Almánzar.
Para el Penal de Las Parras fueron destinados los procesados Wander Manuel Díaz Encarnación, Angeury Guzmán Vásquez, Juan Henry Poueriet y Starky Atahualpa Arturo Rodríguez Nova.
Advertencia a la clase médica en medio de un expediente débil
Imputados del caso Senasa 2.0 a la salida del tribunal después que el juez Ribogerto Sena dictara medida de coerción de arresto domiciliario e impedimento de salida. Olga Lidia de la Cruz
El dictamen del juez Sena deja en el aire un fuerte cuestionamiento sobre el verdadero peso de las evidencias presentadas por los fiscales litigantes en esta etapa del proceso. Si bien el director general de Persecución, Wilson Camacho, intentó mantener un discurso de victoria al advertir severamente a los profesionales de la salud sobre las consecuencias penales de prestar sus códigos exequátur y firmas para estafas electrónicas, la realidad del tribunal desmiente la contundencia de sus palabras.
Para la opinión pública dominicana, que un tribunal libere o mande a sus casas a las dos terceras partes de los arrestados en un caso bautizado pomposamente como “macroestructura criminal” evidencia fallas de fundamentación técnica. Esto ocurre en momentos de extrema presión social, donde las ONGs han emplazado a Camacho ante la Procuraduría General de la República para que persiga el verdadero desfalco de 41,000 millones de pesos que involucra a la SISALRIL y a grandes corporaciones como Farmacia GBC, dejando de utilizar el banquillo de los acusados para escenificar batallas mediáticas con expedientes atomizados que se desinflan al primer careo judicial.
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