Santo Domingo, D.N. – En un fallo histórico dictado en la madrugada de este sábado tras una maratónica jornada de espera y hermetismo, el Cuarto Juzgado de la Instrucción del Distrito Nacional reconfiguró por completo el tablero político y penal del Caso Calamar La magistrada Altagracia Ramírez validó las pruebas presentadas por el Ministerio Público para enviar a juicio al exministro de Hacienda, Donald Guerrero, pero asestó un duro revés a la Procuraduría Especializada de Persecución de la Corrupción Administrativa (PEPCA) al desestimar los cargos contra las figuras políticas de mayor perfil del expediente.
Donald Guerrero y Ángel Lockward al banquillo de los acusados
El tribunal determinó que existen elementos probatorios suficientes para que Donald Guerrero y el abogado Ángel Lockward enfrenten un juicio sobre el fondo de las acusaciones que les vinculan a un presunto entramado de desfalco al erario que supera los RD$19,000 millones. Junto a ellos, la magistrada dispuso la apertura a juicio para un grupo compacto de exfuncionarios y técnicos que incluye a:
Alexandra García Medina, Gervasio Fernández y Daniel de Jesús Camaño.
Juan Tomás Céspedes, Julián Omar Fernández y Kimberly Arias Martínez.
César Miguel Santana Martínez, Edwin Óscar Brito y Mabel Mejía.
Náthaly Hernández Guzmán y Luis Miguel Pichirilo.
El desplome de la acusación: “No Ha Lugar” para Castillo y Peralta
La gran sorpresa de la noche, que cambia la lectura política del caso con miras a los próximos años, fue la emisión de un auto de no ha lugar en favor del exministro de Obras Públicas y excandidato presidencial, Gonzalo Castillo, así como del exministro Administrativo de la Presidencia, José Ramón Peralta. La jueza Ramírez consideró que las imputaciones formuladas contra ambos exfuncionarios no contaban con el sustento jurídico o la tipicidad necesaria para sostener una acusación en un juicio de fondo.
Bajo esta misma condición de exoneración quedaron favorecidos Marcial Reyes, Rosa Arias y Daniel Guerrero Mena, este último hijo del exministro Donald Guerrero.
Un fallo condicionado por la geopolítica y el contexto
Este desenlace adquiere un matiz sumamente crítico al cruzarlo con los acontecimientos previos de la tarde. Horas antes de la lectura del fallo, la embajadora de los Estados Unidos, Leah F. Campos, había arremetido públicamente contra el “lawfare” y la manipulación de procesos judiciales con fines partidarios. La restitución del visado a Gonzalo Castillo por parte de las autoridades norteamericanas, conocida apenas 48 horas antes, se lee ahora en los círculos de análisis político como el preámbulo de lo que terminó siendo su exclusión definitiva del expediente penal en los tribunales dominicanos. El Ministerio Público ve frustrada su intención de enviar al bloque completo a juicio de fondo, lo que abre una etapa de obligatoria apelación por parte de los fiscales del PEPCA, mientras la defensa de Donald Guerrero se prepara para rebatir las auditorías patrimoniales en la siguiente fase del proceso.
