Santo Domingo.– El director general de la Dirección General de Contrataciones Públicas (DGCP), Carlos Pimentel, lanzó una agresiva contraofensiva institucional y política al asegurar que los cuestionamientos vertidos por la oposición contra el histórico proceso de licitación del Instituto Nacional de Bienestar Estudiantil (INABIE) para el periodo 2026-2028 provienen estrictamente “desde la ignorancia”. Con estas declaraciones, el funcionario blindó el desenvolvimiento técnico del órgano rector y frenó en seco las presiones del litoral político opositor.
La enérgica reacción de Pimentel se produce apenas días después de que la alta dirigencia del Partido de la Liberación Dominicana (PLD) emplazara públicamente a las autoridades exigiendo una investigación exhaustiva al pliego de condiciones de la licitación pública nacional con el código Inabie-CCC-PLN-2025-0045, alegando presuntas irregularidades y direccionamiento de los millonarios contratos destinados al servicio de alimentación de los estudiantes de las escuelas públicas del país.
La defensa del modelo oficialista frente al fantasma del pasado
El enfoque adoptado por Carlos Pimentel trasciende la mera aclaración burocrática para convertirse en un misil político directo al corazón del peledeísmo. Al calificar las críticas como fruto de la “ignorancia”, el director de Contrataciones Públicas busca deslegitimar de raíz la capacidad de fiscalización de la oposición, recordándole implícitamente a la opinión pública las oscuras y cuestionadas adjudicaciones de cocinas escolares que caracterizaron las gestiones gubernamentales del pasado.
Para la redacción de Noticias En Línea RD, defender el desenvolvimiento del proceso 2026-2028 bajo la tesis de que los pliegos cumplen con los estándares de transparencia es una jugada de alto riesgo para el Gobierno. Los contratos de almuerzo y desayuno escolar representan una de las partidas presupuestarias más jugosas y tentadoras del Estado dominicano. Intentar despachar las denuncias técnicas del PLD como un simple desconocimiento de la ley, sin abrir un debate público televisado o un desglose detallado de las ponderaciones de oferentes, podría ser interpretado por la sociedad civil como una postura de soberbia institucional que debilita el control social sobre los recursos públicos.
Los datos del conflicto institucional
Se trata de la licitación Inabie-CCC-PLN-2025-0045, el proceso macro diseñado para contratar los servicios de alimentación escolar de los centros educativos a nivel nacional para los próximos dos años lectivos.
Carlos Pimentel sostiene que el diseño del pliego de condiciones pasó por los filtros jurídicos de lugar, garantizando la libre competencia de las micro, pequeñas y medianas empresas (Mipymes) y de los suplidores locales.
El PLD alega que las exigencias técnicas y logísticas introducidas de último minuto excluyen a cientos de suplidores tradicionales de los pueblos, concentrando el negocio en grandes consorcios periféricos al poder político actual.
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