Por José Abreu
La muerte de Melissa Medina, joven influencer y empresaria de 22 años, exige respuestas claras. Por eso considero que el empresario Eliezer Salvador, conocido como “Chey” y vinculado al consorcio de bancas deportivas Presidente Sport, debe atender el llamado público del periodista Ramón Tolentino y ofrecer cualquier información que pueda contribuir al esclarecimiento de este caso. No se trata de dictar culpabilidades desde los medios, sino de evitar que una investigación de tanta sensibilidad deje preguntas importantes sin respuestas.
La petición de Tolentino ha colocado nuevamente el nombre de Salvador en el centro de la conversación pública. El comunicador le solicitó acercarse a la Policía Nacional, incluso en compañía de su abogado, para responder algunas preguntas que, según considera, podrían ayudar a aclarar aspectos relacionados con la muerte de Melissa. El propio periodista precisó que su llamado no constituye una acusación contra el empresario. Esa aclaración debe respetarse, pero tampoco debe servir para restarle importancia a la necesidad de esclarecer cualquier información pertinente.
La investigación ya cuenta con instrucciones expresas de la procuradora general de la República, Yeni Berenice Reynoso, quien dispuso que la Dirección General de Persecución del Ministerio Público y la Fiscalía del Distrito Nacional profundicen las indagatorias. Reynoso también instruyó que se investigue cualquier otro delito conexo o que pueda surgir durante el proceso. Esa decisión debe traducirse en diligencias rigurosas, sin exclusiones ni privilegios, sin importar quiénes sean las personas que deban ser entrevistadas.
Por su parte, el vocero de la Policía Nacional, coronel Diego Pesqueira, informó que los investigadores esperan los resultados oficiales del Instituto Nacional de Patología Forense para establecer la causa de la muerte y determinar los pasos siguientes. También indicó que, hasta este viernes, dos personas habían sido entrevistadas: Mariana Michelena, de nacionalidad venezolana, y un vigilante de la torre Alper 07, cuya identidad se mantiene bajo reserva. Estos datos son parte del proceso investigativo y no permiten, por sí solos, atribuir responsabilidad penal a ninguna de esas personas.
Mi planteamiento es que las autoridades no deben limitarse a esperar los resultados forenses. Es necesario reconstruir las últimas horas de Melissa, establecer quiénes estuvieron con ella, examinar las evidencias disponibles y contrastar cada testimonio con los hallazgos periciales. Si Eliezer Salvador u otra persona posee información que pueda contribuir a esa reconstrucción, debe ponerla a disposición de los investigadores por las vías correspondientes. La verdad no puede depender de la influencia, el poder económico o las relaciones de nadie.
Tampoco podemos utilizar episodios anteriores de la vida de Salvador para insinuar una conexión que no ha sido demostrada con este fallecimiento. Su participación en el traslado del expelotero David Ortiz a un centro médico después del atentado de 2019 y el ataque a tiros que sufrió en 2010 forman parte de informaciones de su trayectoria pública, pero no prueban relación alguna con la muerte de Melissa Medina. El periodismo responsable debe distinguir entre antecedentes, preguntas legítimas, evidencias e imputaciones.
A la familia de Melissa le asiste el derecho de conocer qué ocurrió y de recibir respuestas sustentadas en pruebas. A la sociedad dominicana le corresponde exigir que el Ministerio Público y la Policía Nacional actúen con independencia, transparencia y profesionalidad. Si las investigaciones identifican responsabilidades, que se proceda conforme a la ley; si descartan sospechas, que también se informe con claridad. Ni el silencio institucional ni los juicios anticipados contribuyen a la justicia.
Mi posición es firme: que se investigue hasta las últimas consecuencias, que se escuche a toda persona que pueda aportar información y que no haya nombres intocables. Eliezer Salvador, alias “Chey”, debe aclarar cualquier información que esté en condiciones de aportar, como también debe hacerlo cualquier otra persona requerida por los investigadores. Que hablen las evidencias, que se conozca la verdad y que la justicia llegue hasta donde tenga que llegar.