Organizaciones ambientalistas advierten sobre posibles efectos en el agua, la electricidad y las revisiones ambientales; el Senado aprobó la iniciativa BAAJA por 62 votos contra 33 y ahora el debate pasa a la Cámara de Representantes.
NUEVA YORK.– Vecinos de Brooklyn y organizaciones ambientalistas se manifestaron frente a la oficina del congresista Hakeem Jeffries para pedirle que se oponga a una iniciativa federal que busca acelerar los procesos de autorización de proyectos de infraestructura y que, según los activistas, podría facilitar la expansión de grandes centros de datos destinados a operaciones de inteligencia artificial.
La protesta se realizó el jueves 19 de noviembre en el 55 de Hanson Place, en Brooklyn, y fue convocada por organizaciones como New York Communities for Change, Food & Water Watch e Indivisible Brooklyn.
Los manifestantes reclamaron a Jeffries que utilice su influencia en la Cámara de Representantes para impedir que avance el proyecto conocido como Bipartisan American Affordability and Jobs Act de 2026 (BAAJA), una propuesta de reforma de los procedimientos federales de evaluación ambiental y concesión de permisos.
La preocupación de los residentes gira alrededor del consumo de electricidad y agua que requieren los centros de datos, así como de quién asumiría los costes de ampliar la infraestructura energética necesaria para su funcionamiento.
La preocupación por las facturas y el agua
La senadora estatal Kristen González, quien encabezó la movilización, ha defendido que el desarrollo tecnológico debe avanzar sin trasladar a los hogares los costes ambientales y económicos de las grandes instalaciones.
La legisladora ha planteado que las empresas deben cumplir estándares de energía renovable, establecer acuerdos laborales y garantizar transparencia, participación pública y beneficios para las comunidades donde se instalen estos complejos.
Los activistas sostienen que la expansión de los centros de datos puede requerir nuevas subestaciones, líneas de transmisión y otras obras eléctricas. También advierten sobre la demanda de agua de determinados sistemas de refrigeración y los posibles efectos de estas instalaciones sobre los recursos naturales.
En sus reclamos, los manifestantes pidieron preservar la capacidad de los estados para evaluar proyectos que puedan afectar la calidad del agua y mantener mecanismos de participación de las comunidades antes de que se concedan las autorizaciones.
Qué plantea la reforma federal
La iniciativa BAAJA contempla cambios en distintas leyes y procedimientos relacionados con la evaluación ambiental y los permisos para proyectos de infraestructura, incluidos los sectores energético y de transmisión eléctrica.
Sus promotores sostienen que la reforma permitiría reducir demoras administrativas, facilitar nuevas inversiones y acelerar la construcción de infraestructura necesaria para atender la creciente demanda energética.
También incluye disposiciones dirigidas a que los centros de datos asuman costes adicionales asociados a la infraestructura eléctrica que necesitan, con el propósito de evitar que esas cargas recaigan sobre otros consumidores.
Sin embargo, organizaciones ambientalistas y legisladores críticos advierten que algunas modificaciones podrían reducir el alcance de las revisiones ambientales y limitar la capacidad de las comunidades y los estados para intervenir en determinados proyectos.
El debate incluye cambios relacionados con la Ley de Agua Limpia y otras normas ambientales federales.
El Senado aprobó la iniciativa

Activistas exigen al líder demócrata al frente de su oficina en Brooklyn que detenga la expansión de centros de datos. (Foto Cortesía New York Communities for Change)
El Senado de Estados Unidos aprobó el proyecto BAAJA el 19 de noviembre con 62 votos a favor y 33 en contra, por lo que la propuesta fue remitida a la Cámara de Representantes.
La votación se produjo después de un debate en el que legisladores de ambos partidos respaldaron la reforma, mientras otros cuestionaron sus posibles consecuencias para las protecciones ambientales y la participación pública.
El senador demócrata Chuck Schumer apoyó el avance de la iniciativa, aunque expresó que buscaría cambios para atender preocupaciones relacionadas con la protección del agua y la intervención de las comunidades.
Jeffries, por su parte, ha manifestado reservas sobre el proyecto, según la información difundida por medios estadounidenses. La movilización de Brooklyn busca que mantenga esa posición cuando la Cámara de Representantes tenga que pronunciarse.
Nueva York adopta medidas ante la expansión de los centros de datos
El debate federal coincide con las medidas adoptadas en Nueva York para regular el crecimiento de estas instalaciones.
En julio de 2026, la gobernadora Kathy Hochul anunció una moratoria estatal de un año para determinados permisos ambientales de nuevos centros de datos de gran escala, con una demanda de 50 megavatios o más.
La medida busca dar tiempo a las autoridades para establecer criterios que protejan a los consumidores, los recursos naturales y las comunidades frente al crecimiento de estas instalaciones.
Además, la Legislatura estatal aprobó en junio la Responsible Data Center Development Act, impulsada por la senadora Kristen González. La propuesta contempla evaluaciones de impacto ambiental, participación pública, estándares laborales y categorías tarifarias específicas para grandes consumidores de electricidad y agua.
La iniciativa también plantea mecanismos para que las comunidades anfitrionas reciban beneficios por la instalación de estos proyectos.
Un debate que trasciende Brooklyn
La discusión sobre los centros de datos se ha extendido a distintas regiones de Estados Unidos, donde comunidades y autoridades debaten cómo equilibrar la expansión de la inteligencia artificial con la disponibilidad de energía, el consumo de agua y la protección ambiental.
En Mississippi, organizaciones ambientalistas han cuestionado permisos relacionados con una planta de gas destinada a suministrar energía a un centro de datos en la zona de Memphis. En otros estados, como Arizona y Georgia, también se han registrado controversias sobre el uso del agua y las condiciones tarifarias aplicadas a grandes consumidores eléctricos.
La manifestación frente a la oficina de Jeffries refleja una preocupación que ya forma parte del debate nacional: cómo financiar y regular la infraestructura que demanda la inteligencia artificial sin trasladar de manera desproporcionada sus costes a los hogares y las comunidades.