SANTO DOMINGO, RD.– La solicitud de medida de coerción instrumentada por el Ministerio Público en el marco de la Operación Cobra 2.0-A, popularmente conocida como el Caso SeNaSa 2.0, ha dejado al descubierto un vergonzoso y sofisticado entramado de corrupción. Según las investigaciones de la Procuraduría Especializada de Persecución de la Corrupción Administrativa (Pepca), esta estructura criminal logró desfalcar al Estado dominicano con un monto que supera los RD$41.1 millones de pesos entre enero de 2021 y febrero de 2025.
El modus operandi de la red iniciaba con la filtración de información privilegiada desde el interior de la propia Administradora de Riesgos de Salud (ARS) estatal [Diario Libre]. Empleados activos, utilizando sus credenciales de acceso, realizaban una cautelosa selección de afiliados reales [Listín Diario]. El criterio principal consistía en elegir a ciudadanos con un bajo historial de interacción institucional, es decir, personas que casi no utilizaban sus seguros médicos, minimizando así la posibilidad de que los verdaderos titulares detectaran el movimiento fraudulento en sus cuentas.
Una vez seleccionadas las víctimas, miembros del entramado se comunicaban con el departamento de servicio al cliente utilizando nombres ficticios como “Pedro Martínez” o “Ángel Beltré Gutiérrez” [Listín Diario]. A través de estas identidades falsas, los malhechores presionaban y gestionaban la emisión de códigos de aprobación [Listín Diario]. En total, el expediente relata que se generaron de forma ilícita 4,363 autorizaciones médicas por procedimientos ambulatorios, consultas especializadas y cirugías menores que jamás se realizaron [Listín Diario, Diario Libre]. La audacia de la red llegó al extremo de registrar consultas especializadas de ginecología y obstetricia facturadas a pacientes de sexo masculino.
Para lograr que los expedientes fueran validados por los filtros de auditoría, la red falsificó de forma masiva las firmas de los afiliados y se valió de la complicidad de profesionales de la salud que facilitaban sellos y exequátur médicos. El Ministerio Público destaca que las reclamaciones eran procesadas y pagadas a pesar de presentar graves deficiencias técnicas: carecían de firmas válidas, no poseían el número de núcleos de apoyo fiscal, las Prestadoras de Servicios de Salud (PSS) no tenían sellos, los teléfonos de los doctores estaban fuera de servicio e incluían groseras tachaduras y enmendaduras en los montos reclamados.
Finalmente, el dinero liberado por SeNaSa era transferido rápidamente a cuentas de los implicados. Para camuflar el origen ilícito del dinero ante el sistema bancario, los imputados colocaban justificaciones burlescas e informales en las transacciones de banca en línea, utilizando conceptos como: “pago a san de madre”, “San de tu madre” o “pago préstamo Ángel Luís Guzmán” [Listín Diario]. Por este hecho, el órgano persecutor penal ha solicitado 18 meses de prisión preventiva y la declaración de tramitación compleja contra los 25 profesionales y exempleados implicados en el fraude.
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