El juez Deybi Timoteo Peguero otorga cuatro meses adicionales al Ministerio Público para presentar la acusación formal. El exdirector general de la entidad suplica cambiar la cárcel por prisión domiciliaria. Fuente externa
Santo Domingo. (Noticias En Línea RD).– El mayor escándalo de presunta corrupción administrativa registrado en el sector del seguro social de riesgos de salud se encamina hacia una fase acusatoria fulminante. El Séptimo Juzgado de la Instrucción del Distrito Nacional dictó un duro revés a las estrategias de la defensa técnica de los implicados al otorgar formalmente un plazo extraordinario de cuatro meses adicionales al Ministerio Público para que concluya las investigaciones de campo y deposite el expediente definitivo de cargos en el denominado Caso Senasa.
El magistrado del tribunal, juez Deybi Timoteo Peguero, explicó de forma técnica que la decisión responde a una solicitud de prórroga procesal dentro de la fase preparatoria. Recordó que el caso fue declarado complejo y bajo estrictas medidas de coerción carcelaria el 11 de diciembre de 2025, fijándose inicialmente el vencimiento del plazo para el pasado 11 de agosto. Con esta extensión única amparada en el Código Procesal Penal, los fiscales de la PEPCA tendrán hasta el cierre del año para blindar un expediente de corrupción que ha dejado atónita a la opinión pública.
El desfalco se dispara a niveles históricos
El nudo crítico de la resolución judicial radica en la actualización de las auditorías forenses que maneja el órgano acusador. Aunque el Ministerio Público imputó inicialmente al grupo por defraudar al Estado dominicano por una suma superior a los 15,000 millones de pesos, las pesquisas financieras de los últimos meses revelaron que el desfalco real ya superó la escandalosa cifra de 19,000 millones de pesos, afectando de forma directa la red pública y los fondos destinados a las atenciones médicas de los ciudadanos más necesitados.
De acuerdo con la acusación fiscal, esta sofisticada estructura criminal operó con total impunidad entre los años 2020 y 2025. Al cartel se le atribuyen de manera provisional delitos criminales de extrema gravedad que incluyen coalición de funcionarios, prevaricación, asociación de malhechores, estafa agravada contra el Estado, desfalco, cobro de sobornos, lavado de activos, falsificación y uso de documentos oficiales falsos.
Santiago Hazim suplica salir de la cárcel
Durante el desarrollo de la acalorada audiencia, la defensa del principal encartado y exdirector general del Seguro Nacional de Salud, Santiago Hazim, intentó una contraofensiva legal solicitando formalmente al tribunal la variación de la medida de coerción de prisión preventiva carcelaria por un arresto domiciliario, alegando razones procesales.
Junto a Hazim, permanecen bajo estricta investigación judicial un nutrido grupo de exfuncionarios y allegados corporativos entre los que figuran: Rafael Luis Martínez Hazim, Gustavo Enrique Messina Cruz, Germán Rafael Robles Quiñones, Francisco Iván Minaya Pérez, Ada Ledesma, Eduardo Read Estrella, Cinty Acosta Sención y Heidi Mariela Pineda Perdomo. Los fiscales adelantaron que los cuatro meses concedidos servirán para asegurar el decomiso de bienes suntuosos, cuentas bancarias en el extranjero y trazar la ruta del lavado de activos antes de solicitar juicio de fondo para todos los implicados